Los trabajadores de las distintas contratas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza amenazan con movilizaciones ante el riesgo de que los pliegos de condiciones para nuevas adjudicaciones y los ajustes económicos pongan en peligro sus puestos de trabajo y la calidad del servicio que presta.

Así se ha puesto de manifiesto en el transcurso de una rueda de prensa de la coordinadora de empresas subcontratadas, entre las que figuraban los presidentes de los comités de empresa de FCC de limpieza pública y jardines; Tuzsa, transporte urbano, y de las empresas de tiempo libre.

En general, los representantes de los trabajadores han incidido en la pérdida de empleos que se han sucedido en los últimos años en estas empresas, en su mayoría de los casos por la no renovación de contratos o no cubrir las plazas vacantes por bajas temporales o vacaciones, entre otras, y temen que la situación empeore con los presupuestos de 2013 que negocia en estos momentos el Gobierno del PSOE.

El presidente del comité de empresa de FCC de Parques y Jardines, José Luis Muro, ha precisado que el pasado año se perdieron por las citadas causas unos 65 puestos de trabajo, y advierten que de cara a la nueva adjudicación del servicio, que calcula que se resolverá en abril, es "innegociable" el mantenimiento de la actual plantilla, 233 personas y que se respete el convenio vigente.

También que la empresa presente un nuevo proyecto de conservación y mantenimiento de las zonas verdes que evite su deterioro y que se preste "en condiciones" a los impuestos que paga la ciudadanía.

Pedro José Lairla, representante de los trabajadores de Umbela, encargada del mantenimiento de las zonas verdes de Parque Goya y Actur con discapacitados, ha advertido que tampoco van a consentir que se siga destruyendo el empleo ya que desde 2007 han perdido diez trabajadores.

Especialmente preocupados están los trabajadores de las empresas que prestan los servicios de tiempo libre, casas de juventud, PIEES, los centros de acogida de menores, centros socio laborales y educación de calle, alrededor de 350 personas, al desconocer las consecuencias que puede tener la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

Una situación que se suma los retrasos en los cobros de las nóminas, las "violaciones" de los convenios y las nuevas reglas a las que se ven sometidos los empleados de estas pequeñas empresas acuciadas a la vez por los impagos por parte del ayuntamiento, según ha puesto de manifiesto el delegado sindical de Prides, Iván Bueno.

No son un servicio esencial, a pesar de que trabajan con personas en riesgo de exclusión, ha apuntado Bueno quien ha anunciado que los trabajadores de esos servicios también están dispuestos a salir a la calle.

Desde la plantilla de Tuzsa, el presidente de comité de empresa, Javier Anadón, ha expresado su descontento con la gestión del Ayuntamiento tanto por la falta de inspectores que controlen la facturación por kilómetro que emite la compañía como el "precio político" que fija por los billetes y del que exime a colectivos como jubilados o pensionistas.

Tampoco les "cuadran las cuentas" que ha elaborado el ayuntamiento para la nueva contrata, que prevé una reducción de tres millones de kilómetros y 38 autobuses menos y con la que, ha asegurado Anadón, se podría mantener la actual plantilla.

"El gran problema no son los trabajadores ni la empresa sino el Ayuntamiento con recortes sin consistencia ni argumentación válida", ha insistido el portavoz de los trabajadores, quien ha reiterado su postura a favor de la municipalización del servicio, que se "paga día a día" y que en 2011 generó a la empresa 9 millones de euros de beneficio neto mientras el Consistorio está "ahogado".

Todos los representantes de los trabajadores de las empresas han manifestado su apoyo y solidaridad mutuo y Anadón ha advertido que "a la primera empresa que ataquen" saldrán a la calle.