El juez de la Operación Molinos, encargado de la investigación del caso de corrupción urbanística en La Muela, ha acordado desvelar el nombre de dos de los testigos protegidos que informaron en la causa sobre hechos significativos para la instrucción.

El auto del juez Alfredo Lajusticia, hecho público, argumenta que el largo tiempo transcurrido desde que se inició la investigación judicial ha permitido que las circunstancias que aconsejaron la medida de protección hayan desaparecido.

La identidad de los testigos protegidos, difundida días antes de hacerse público el auto judicial, corresponde a Marisol Aured (Molinos 1), actual alcaldesa de La Muela; y a Fernando Embarba (Molinos 2), excuñado de la principal imputada en la causa y exalcaldesa del municipio, María Victoria Pinilla. Precisamente, en una entrevista publicada por HERALDO DE ARAGÓN la propia Aured reconocía ser uno de los testigos protegidos.

A juicio del juez, quien decidió proteger a ambos testigos al entender que existía un peligro "grave" tanto para las personas como para su libertad o sus bienes, "ha transcurrido largo tiempo desde que las presentes diligencias aparecieron en la opinión pública, y la repercusión de las mismas no tiene la misma importancia".

El caso de la Operación Molinos se destapó el 18 de marzo de 2009 con la detención de la entonces alcaldesa y otras 17 personas, entre ellas su marido y dos de sus hijos, aunque el juez fue imputando a más personas y a día de hoy el número de implicados en el caso ya alcanza casi la cuarentena.

A Pinilla se le imputan once delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas o prestaciones) ilegales y blanqueo de capitales.

Por este caso entraron a prisión tres personas: María Victoria Pinilla, quien permaneció cuatro meses en la cárcel y salió tras pagar una fianza de 800.000 euros; el concejal del PAR en el Ayuntamiento de La Muela Juan Carlos Rodrigo, quien pagó una fianza de 120.000 euros, y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, en libertad tras pagar 250.000 euros.

A Embarba se le imputan varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y uso de información de privilegiada.

El caso se encuentra en la fase final de la instrucción, a la espera de que las partes respondan al juez sobre la posible realización de nuevas pruebas, aunque, según han informado fuentes judiciales, el juicio por estos hechos no se celebrará hasta 2014.