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Gimeno tacha de "chantaje" que la DGA reclame el canon de saneamiento a Zaragoza

El vicealcalde de Zaragoza dice que supone un incremento de la presión fiscal "brutal" y un "expolio" a las familias.

El vicealcalde de Zaragoza y consejero municipal de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, cree que la ley que plantea el Gobierno de Aragón para cobrar el canon de saneamiento a la ciudad es "inconstitucional", además de un "chantaje". 

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras conocer la intención del Ejecutivo autonómico de presentar una ley ante las Cortes para cobrar un canon que el Ayuntamiento de Zaragoza esperaba no tener que pagar hasta 2015 una vez negociada la cuantía con la comunidad autónoma y puesto que la capital aragonesa se ha sufragado su propia depuradora.

Según Gimeno, esta norma sería inconstitucional porque es un "impuesto afectado" para un fin determinado como es hacer depuradoras y al entender que las leyes se aplican con criterios generales a toda la ciudadanía no solo a la de Zaragoza.

Cree asimismo que es un "chantaje" a la ciudad, a sus vecinos y a sus empresas el querer cobrar 42 millones de euros por este canon cuando lo que ingresa el Consistorio por el vertido y el consumo de agua asciende a 30 millones de euros.

"No es una broma, es un problema muy grave" porque supone un incremento de la presión fiscal "brutal" y un "expolio" a las familias y empresas cuando el Consistorio "está pagando todos los servicios que está pagando", ha denunciado el edil, quien ha advertido a la Comunidad autónoma que "no estamos dispuestos a someternos a ningún chantaje".

Gimeno ha insistido en que la disposición del Ayuntamiento era haber llegado a un acuerdo sobre la cuota a pagar este año según se recogía en el convenio firmado con el Gobierno de Aragón por lo que ha anunciado que "o rectifica o romperemos todos los acuerdos".

El vicealcalde también se mostrado dispuesto a recurrir a todas las medidas jurídicas necesarias para que se retire el anteproyecto de ley e incluso a la movilización social.

De momento Gimeno está valorando la posibilidad de enviar cartas a los vecinos de la ciudad y a las empresas para informarles de la intención del Ejecutivo autonómico a cobrarles un nuevo recibo, que todavía no está cuantificado a cuanto ascendería, y del rechazo del Ayuntamiento a la medida.

El responsable de las cuentas municipales no ha ocultado su indignación con esta decisión, después de que los presupuestos de 2013 de la Comunidad autónoma hayan recortado las ayudas a los ayuntamientos para "darlo a las comarcas" y que no sabe si responde a "algún capricho de algún miembro del Gobierno". 

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