La Fiscalía de Zaragoza, siguiendo la línea que ya se vislumbró en el auto de la juez de instrucción del caso Mallén, ha solicitado que se juzgue al alcalde de la localidad, el socialista Antonio Asín, por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad continuada y cohecho. Por todos ellos solicita penas que suman 14 años de prisión y 32 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. El Ministerio Público, al igual que hicieron las acusaciones popular y particular, ejercidas por los letrados José María Viladés y Sara Benedí en nombre de dos miembros del PP, y de la empresa Transmalia, dirige también su escrito contra nueve personas más.

Una de las operaciones que se ha cuestionado a lo largo del todo el procedimiento judicial ha sido la llegada, instalación y posterior quiebra fraudulenta de la empresa agrofrutícola Agrovalle, a cuyos directivos José Luis Pérez Lizar y Herbert Kolling el fiscal acusa de fraude, falsedad y delito contra la Hacienda Pública y pide seis años y medio de cárcel.

Para la Fiscalía, el hecho de que el alcalde, a través de la Sociedad Urbanística Municipal de Mallén (SUMM), vendiera a Agrovalle dos parcelas por un precio que no alcanzaba ni el 6% de su valor supuso un perjuicio para el municipio de 811.512 euros. Las operaciones de compraventa fueron desaconsejadas por el secretario del consejo de administración de la SUMM porque, además del precio rebajado, el Ayuntamiento tuvo que pagar el IVA (79.021 euros) y porque Agrovalle no ofrecía garantía suficiente de los beneficios públicos que debía generar, entre otras cosas.

A pesar de ello, el alcalde, con el voto favorable de los concejales del PSOE Fernando Escusol y José Antonio Gil, aprobó la operación. Para el fiscal, tanto Asín como los concejales «eran plenamente conocedores y conscientes de que resolvían al margen del ordenamiento jurídico (...)». Por ese motivo, les acusa de prevaricación y fraude y les pide dos años de cárcel y 16 de inhabilitación.

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