El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés ha informado este miércoles del recurso interpuesto por la empresa pública Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) contra el archivo de la denuncia presentada contra su anterior gerente, Ricardo García Becerril, y ha expresado su apoyo a la iniciativa.

El recurso se apoya en un informe de los servicios jurídicos de la administración autonómica que considera "recurrible" el auto de archivo por motivos formales, al no llevarse a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza varias pruebas solicitadas por Plaza.

El Consejo de Gobierno ha expresado este miércoles su apoyo al recurso de reforma, y subsidiariamente de apelación, presentado contra el auto judicial, al estimar que los argumentos esgrimidos para ordenar el sobreseimiento de la causa "se ven superados por los documentos presentados durante el procedimiento".

Plaza presentó el pasado mes de enero una denuncia contra García Becerril por un presunto delito societario al entender que favoreció actos contrarios a los intereses de la sociedad en la compra de dos edificios ubicados en el recinto al empresario soriano Agapito Iglesias.

Las pruebas solicitadas por Plaza a través de su representación legal son una testifical del autor del informe de la tasadora independiente Tinsa sobre el precio de uno de los edificios adquiridos y una nueva comparecencia de García Becerril.

También se critica la ausencia de toma en consideración del informe pericial encargado a un especialista en edificación en el que se tasaba el valor de los edificios en 12,6 millones de euros, frente a los 27,1 pagados a Agapito Iglesias.

El recurso anunciado impugnará los tres razonamientos jurídicos que sustentan el auto judicial en relación a la opción de compra a favor de Codesport y al precio abonado por uno de los edificios.

Entienden los servicios jurídicos que la opción de compra a Codesport afecta a los dos edificios adquiridos y no sólo a uno, como argumenta el auto, y rechazan sus consideraciones en torno a que el dinero pagado por uno de ellos se ajustaba a los precios de mercado.

También rechazan los argumentos del responsable judicial respecto a las deliberaciones previas realizadas en el seno del consejo de administración de la sociedad Plaza en torno a estos hechos, y recuerdan que la denuncia fue formulada por la fiscalía y no por la empresa pública ni por el Ejecutivo aragonés.