La Audiencia de Zaragoza ha condenado a 8 años de prisión a un hombre que entrenaba equipos de fútbol juvenil en Zaragoza, al que responsabiliza de un delito de corrupción de menores por extorsionar a niños para conseguir fotos y vídeos sexuales que luego difundía en internet.

El tribunal imputa al acusado, Christian P.G., un delito agravado de corrupción de menores dado que su trabajo le permitía acceder a los niños de forma cotidiana e incluye una agravante por reincidencia al estar condenado en 2009 por abusos a un menor.

Los magistrados consideran probado que el corruptor de menores se servía de "nicks" (sobrenombres) en las redes sociales como "guarri", "nanizgz" o "sara gómez" y de perfiles de jóvenes muchachas como "cebo" para atraer a sus víctimas.

Uno de los menores afectados, que ha declarado tras un biombo, ha explicado que en septiembre recibió un mensaje de "sara gómez" que le ofrecía "sexo virtual" si previamente le enviaba una foto de él desnudo, a lo que accedió el joven.

Lejos de cumplir su promesa, la persona que se escondía tras el nick de "sara gómez" le pidió un vídeo practicándose una masturbación y le amenazó con distribuir la primera foto a sus contactos en la red si no accedía.

Tras enviarle el vídeo, que el acusado distribuía, presuntamente, a través del programa P2P Ares, "sara gómez" le pidió fotos de sus compañeros de equipo desnudos en los vestuarios, lo que le llevó a recurrir a sus padres, que denunciaron los hechos a la Policía.

La investigación policial permitió a los agentes rastrear el IP (Identificación personal) del sospechoso y llegar hasta el edificio desde donde se enviaban los mensajes, aunque su localización se vio dificultada por el hecho de que el acusado se servía de la señal wifi de un vecino que había conseguido piratear.

La sentencia se refiere a la especial gravedad del delito perpetrado por el procesado, al servirse de un menor para escenificar comportamientos pornográficos "altamente vejatorios" para su posterior difusión a través de las redes sociales.

El tribunal se basa en el testimonio de uno de los jóvenes que denunció los hechos y en el material informático encontrado en la casa del procesado para imputarle la autoría de los hechos, y califica de "excusa carente de toda base" la explicación que dio a los agentes al afirmar que estaba recopilando material para denunciarlo a la policía.

Argumenta, además, que con su "infausta" conducta, el acusado "arruinó" la confianza y autoestima de los menores, y resalta que su proceder generó angustia y miedo a una de sus víctimas así como un "grave desasosiego" a su familia.

Por esta razón, el tribunal condena al procesado a seis años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión y de inhabilitación para ejercer su profesión con menores, así como el pago de 4.000 euros de indemnización a la familia del menor que denunció los hechos