La Audiencia de Zaragoza juzgará los próximos 4 y 5 de junio a dos miembros de una red con conexiones en Rusia que favorecía la inmigración ilegal mediante la venta de documentación falsificada y la concertación de bodas de españoles con mujeres rusas.

En su escrito provisional de acusación, el fiscal atribuye el liderazgo de la organización a Liana F., una mujer de nacionalidad rusa casada con un español, a la que responsabiliza de dedicarse a la captación de mujeres de su misma procedencia necesitadas de documentación para permanecer en España.

La acusada cobraba a sus víctimas entre 300 y más de 2.000 euros para conseguirles la documentación requerida, pasaportes rusos con sellos Schengen falsos que le eran remitidos desde Rusia por su hija.

Cobraban 7.200 euros

Según la fiscalía, Liana F. llevaba a cabo su labor en connivencia con el también acusado Manuel M.N., un hombre de nacionalidad española que se encargaba junto a su cómplice de preparar todos los trámites y de concertar las bodas fraudulentas, por las que cobraban a sus víctimas 7.200 euros.

El fiscal dirige asimismo la acusación contra cuatro mujeres rusas que se sirvieron de la red para conseguir, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 500 y los 3.000 euros, documentación para poder permanecer en España.

La acusación pública solicita para Liana F. condenas de prisión de 2 años y 3 meses y de 4 años por los presuntos delitos continuado de falsedad y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

También reclama 4 años de prisión a Manuel M.N. por un presunto delito contra los derechos de los extranjeros, y condenas de un año para las cuatro mujeres que requirieron los servicios de la red para conseguir documentación fraudulenta.

Por otra parte, el ministerio público reclama una indemnización de 1.700 euros a un testigo protegido sin identificar presuntamente perjudicado por las acciones de la red.

Los representantes de las defensas de los acusados solicitan la libre absolución de sus clientes respectivos y, en uno de los casos, reclaman conocer la identidad del testigo protegido "con el fin de poder ejercitar convenientemente el derecho de defensa".