Tribunales
Una empleada de la farmacia militar admite que se apropió de 64.000 euros
Ha aceptado una condena de 22 meses de prisión por un delito de malversación.
La funcionaria que gestionó la farmacia de la Academia General Militar de Zaragoza entre los años 2000 y 2009 ha aceptado este lunes ser condenada a 22 meses de prisión por un delito de malversación tras admitir que se apropió de 64.000 euros de forma fraudulenta.
El acuerdo alcanzado entre acusaciones y defensa ha permitido evitar el juicio con jurado popular que debía celebrarse este lunes en la Audiencia de Zaragoza contra la acusada, que se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 7 años de prisión y 14 de inhabilitación.
El pacto suscrito entre las partes rebaja la pena de prisión a 22 meses y condena, además, a la acusada a 18 meses de inhabilitación, al pago de una multa de 540 euros y la devolución de la totalidad del dinero sustraído. A través de un programa informático
Según la fiscalía, cuyo relato de hechos ha sido asumido por la acusada, Silvia G.N., se sirvió de un programa informático instalado en todas las farmacias militares del país a instancias de la Dirección General de Sanidad para llevar a cabo el fraude.
Dicho programa, que utilizaba de forma exclusiva la acusada, le permitía alterar el diario de ventas diarias y modificar a su conveniencia el stock de medicamentos disponible en el almacén de la farmacia.
El ministerio público asegura que la procesada mantenía los puntos de venta abiertos a pesar de haber terminado el horario de apertura y efectuaba devoluciones ficticias de productos que generaban diversas cantidades de efectivo en caja, de las que se apropiaba.
Para evitar que el programa informático incrementase de forma sospechosa el stock de productos almacenados mediante las falsas devoluciones, la acusada se servía de una aplicación que le permitía disminuir las existencias "sin dejar rastro".
Las presuntas irregularidades fueron detectadas el 24 de julio de 2009 por la capitán responsable ese día de la farmacia militar de la Academia General, que, ante las reiteradas negativas de la acusada a aportar las anotaciones diarias de ventas, realizó unas comprobaciones en el ordenador que le permitieron verificar el fraude.
Las investigaciones realizadas posteriormente, que fueron aportadas a la fiscalía, revelaron que entre 2005 y 2009 la acusada se apropió de 64.000 euros mediante distintos sistemas, entre otros la venta directa, sin consignación en caja, de productos que sustraía del almacén.
