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Zaragoza

Protección animal

Una protectora denuncia el mal estado de la perrera de Movera

La Diputación Provincial de Zaragoza propone levantar un expediente al director responsable del centro.

Uno de los perros de la perrera, con parásitos en un ojo
La DPZ abre expediente al director de la perrera de Movera

La protectora de animalesZarapeludos denunció diversas irregularidades que afectan a la perrera de Movera, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Este colectivo, por medio de un escrito al presidente de la administración, Luis María Beamonte, protestó por la falta de limpieza en los cheniles, jaulas donde se alojan los animales, entendiendo que “se incumplen todas las normas de higiene y sanidad”. La protectora también alegó que “el trato hacia los animales, por parte de los funcionarios que allí prestan su servicio, es claramente vejatorio”, recoge el escrito.

La protectora se hizo eco de esta situación a raíz de la estrecha colaboración que mantiene con la Diputación con la que colabora para facilitar la adopción. “Cada semana los voluntarios acuden a las perreras para hacer fotos a los perros y luego colgarlas en la web para que así la acogida sea mucho más sencilla”, explicó Carmen Bernal, presidenta de Zarapeludos.

Fruto de esta cooperación, el colectivo pudo comprobar ciertas irregularidades que se producían en el centro, procediendo a denunciarlas a la administración. “En noviembre advertimos de que el veterinario responsable del centro acudía en intervalos de 10 días a la perrera y de que los funcionarios que allí trabajan tienen un trato vejatorio hacia los animales”, advirtió Bernal. Otro de los motivos que llevó al colectivo a denunciar esta situación ante el máximo responsable de la Diputación fue el “incumplimiento de las normas de higiene y sanidad del centro”, alegaron.

Denuncias previas

A partir de estas quejas, el diputado provincial delegado del centro, Francisco Artajona, comenzó a reorganizar la situación y depurar responsabilidades. “Éramos conscientes de la situación en la que se encontraba la perrera porque ya se habían recibido antes de mi llegada denuncias verbales y documentales”, repasó Artajona.

En primer lugar la Diputación observó un grave problema de organización en el propio centro que tenía una consecuencia directa en su funcionamiento interno. “Había un gran desconcierto con la organización de los funcionarios porque no había un responsable directo de la perrera”, observó el diputado. En este orden, la DPZ decidió estipular responsabilidades sobre todo para solventar la falta de limpieza. “Lo primero que se ordenó fue la mejora en la limpieza y el mantenimiento de los cheniles y, segundo, la organización del trabajo con el nombramiento de un responsable de limpieza que hasta ahora no había”, señaló Artajona.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la situación en la perrera, así como la actitud de los propios trabajadores hacia las protectoras, según denunciaron los colectivos, no ha mejorado. “Nos estamos encontrando con muchos problemas con los trabajadores del propio centro porque no sienten ese amor por el mundo del perro”, puntualizó el diputado. Además, la Diputación se encontró con el incumplimiento, por parte de los responsables y trabajadores del centro, de las órdenes dadas, según señaló la propia administración. Por este motivo, el diputado provincial propuso levantar un expediente al director responsable de la perrera. “No puedo quedarme quieto cuando se dan unas órdenes y no se cumplen”, inquirió.

Deterioro en el funcionamiento del servicio

Una de las principales modificaciones que la Diputación quiere aplicar en la perrera reside en su propio funcionamiento, ya que cuando se comenzó a dar este servicio en el año 1995, por medio de un convenio con la mayoría de ayuntamiento de la provincia de Zaragoza, su objetivo era el de resolver un problema de salubridad pública. “El 95% de los perros que se recogían era porque estaban abandonados y los consistorios llamaban para que se recogiesen”, recordó Artajona.

Sin embargo el fin del servicio ha cambiado y con ello la reflexión ética del mismo. “El año pasado el 20% de perros que se recogieron estaban abandonados y el 80% eran mascotas de gente que se quería deshacer de ellos”, especificó el diputado. Por este motivo, Artajona recapacitó sobre que el servicio ha podido modificar su esencia para convertirse “en un servicio puerta por puerta que puede favorecer el abandono”.

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