Un hombre se enfrentará el próximo 14 de mayo en la Audiencia de Zaragoza a una petición fiscal de 8 años de prisión como presunto autor responsable de los abusos sexuales sufridos por un menor de 12 años con cuya madre mantenía una relación de amistad.

Los hechos denunciados se produjeron entre finales de 2009 y junio de 2010, meses en los que el procesado y la supuesta víctima fueron juntos las tardes de los sábados a unas instalaciones recreativas de la capital aragonesa para jugar al ajedrez.

Según la fiscalía, en varias ocasiones, el acusado, F.G.B., solicitó al menor que le acompañara a los servicios de dichas instalaciones para "satisfacer sus deseos libidinosos".

El ministerio público, a tenor de la denuncia realizada por el menor, relata que el presunto abusador aprovechaba las horas de menos concurrencia de público para ir al baño con su víctima, a la que supuestamente sometía a diversas prácticas sexuales.

Esta versión contrasta con la presentada por la defensa, que solicita la libre absolución de su cliente al entender que fue víctima de las represalias de la madre del menor y de su compañero sentimental por no prestarles dinero.

En su relato de hecho, este letrado relata que la pareja padecía "graves problemas" derivados del trastorno psiquiátrico diagnosticado a su madre y de la adicción al alcohol del padrastro.

Afirma que este ambiente familiar provocó en el menor "importantes" problemas de comportamiento que se evidenciaron en daños a la vivienda y en un intento posterior de prenderle fuego, situación que llevó a la Fiscalía de Menores a tramitar un expediente de protección.

Según este letrado, el acusado, al tener conocimiento de los problemas que padecía el menor, decidió llevarlo a aprender a jugar al ajedrez.

Esta situación se prolongó hasta junio, mes en el que el se deterioró la relación con el padrastro ante la negativa del procesado a comprarle una televisión y un mueble de salón que le ofrecía.

Unos días después, la madre se reunió con el acusado y le pidió prestados 6.000 euros, y ante la negativa de éste a dárselos rompió la relación de amistad.

Según la defensa, la mujer llamó más tarde al procesado y le amenazó con que le iba a "arruinar la vida" por no haberle prestado el dinero mediante una denuncia por abusos sexuales al menor.

Añade el letrado que en una conversación telefónica posterior con el menor, éste le dijo, entre lloros, que iba a denunciarle por no prestar dinero a su familia.

Se ampara además en un informe forense que asegura que "en términos clínicos encontramos que el menor no presenta una huella psicológica compatible con la victimación de unos episodios como los denunciados".

El fiscal califica los hechos como un presunto delito de abusos sexuales con la agravante de abuso de confianza y solicita una condena de 8 años de prisión y una indemnización de 10.000 euros a la víctima.

De forma subsidiaria, plantea los hechos como un delito de abusos no agravado y reclama la imposición de 2 años y 6 meses de prisión.