Zaragoza
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Por no respetar la presunción de inocencia

El Constitucional 'condena' a dos tribunales zaragozanos

El alto tribunal ha anulado dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Zaragoza y otra del Juzgado de lo Penal número 4, en un caso de quebrantamiento de medida cautelar.

Fachada del Tribunal Constitucional
Aragón, una de las regiones con menos litigios con el Estado de la legislatura
EFE

El Tribunal Constitucional ha considerado legítimo el recurso de amparo interpuesto por el ciudadano R. C. D. contra dos sentencias falladas por el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza primero y por la Audiencia Provincial después. 

Los hechos se remontan al año 2008, cuando R. C. D. fue denunciado por un supuesto quebrantamiento de medida cautelar. El caso llegó al Juzgado de lo Penal número 4 de la capital aragonesa, que declaró al acusado culpable y le condenó a seis meses de prisión

R. C. D. interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia condenatoria ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. La Sección Tercera de este órgano jurisdiccional dictó una sentencia, el 11 de febrero de 2009, que desestimaba el recurso de apelación.

Al ver que las dos sentencias le eran desfavorables, y pese a que el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza acordó sustituir la pena de prisión por la de seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad, R. C. D. decidió interponer un recurso de amparo ante el Constitucional solicitando la nulidad de ambas sentencias.

La petición de la nulidad la basaba R. C. D. en que las mismas habían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (contemplado en el artículo 24.1 de la Constitución Española del año1978) y su derecho a la presunción de inocencia (contemplado en el artículo 24.2).

El 4 de octubre de 2010, el TC acordó admitir a trámite la demanda de amparo, un proceso que finalizaba el pasado 13 de febrero con el otorgamiento del amparo solicitado.

Nulidad de las sentencias y restitución de derechos

La sentencia del TC en la que otorga el amparo a R. C. D. supone, por un lado, el reconocimiento de su derecho a la presunción de inocencia y, por otro, declara la nulidad de "la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de febrero de 2009 [...], así como de la Sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de la misma ciudad de 19 de diciembre de 2008".

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