Fue el pasado 3 de noviembre cuando la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza dio un plazo de 15 días a la empresa instaladora de un cartel publicitario sobre el puente de la avenida de América de Zaragoza para que se desmantelara. Una decisión que llegó más de un año después de que la Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero presentara varias instancias en la Gerencia para exigir la retirada de dicho letrero. Entonces la agrupación argumentó su petición basándose en la distracción que suponía para los conductores, algo que incrementaba el riesgo de accidentes, y en el “atentado” que significaba contra el entorno paisajístico y patrimonial del conjunto histórico del Canal Imperial. Cerca de un mes y medio después, el mupi continúa en el mismo lugar.Una vieja reivindicación

“¿Pero este cartel no lo iban a quitar de aquí?”, se preguntan los vecinos. Una cuestión que también se hacen desde la agrupación vecinal. “Todo lleva su tiempo y esperamos que realmente lo retiren. Para nosotros lo importante es que hemos conseguido una pequeña victoria, después de que comenzáramos con estas reivindicaciones ya en 2010”, dicen desde Venecia Montes de Torrero.

La asociación ya apuntó en su día que la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza “solicitó el alejamiento del cartel del entorno del Canal, ya que afectaba negativamente su contemplación”. Además, tras la reclamación vecinal salió a la luz que la valla publicitaria “estaba colocada sin los permisos y las concesiones correspondientes”.

Desde el Ayuntamiento aseguran que “el expediente se inició el 3 de noviembre, fecha en la que Urbanismo le dice a Cemusa –empresa instaladora del mupi- que debe quitar el cartel, porque está en entorno BIC –Bien de Interés Cultural-. Desde ese momento, se da un plazo para que la responsable alegue, si lo considera necesario”, explican fuentes municipales. “Si no se lleva a cabo tal alegación –continúan desde el Consistorio-, el proceso administrativo sigue adelante y se requerirá a la empresa. Esto no pasará hasta mediados de diciembre, ya que aún no se ha llevado a Consejo.

Es decir, si la empresa actúa, tal y como le pide el Ayuntamiento, todo seguirá sus cauces correspondientes. Si no lo hace, se pone en marcha un proceso administrativo en el que hay que cumplir los plazos marcados por la ley”, concluyen las mismas fuentes.