El portavoz del grupo de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha exigido este martes la "inmediata retirada" del decreto de medidas económicas aprobado por el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, la semana pasada.

Alonso ha opinado en una nota de prensa que "no puede gobernarse la hacienda municipal mediante decretazos de aplicación inmediata con la intención de que las facturas generadas en cumplimiento del presupuesto no sean registradas ni fiscalizadas por los servicios municipales".

El portavoz de IU ha expresado su "frontal rechazo" al decreto y ha criticado "la falta de transparencia en las cuentas públicas", además de manifestar su preocupación "por el daño producido a miles de proveedores que han prestado sus servicios a requerimiento y satisfacción del Ayuntamiento".

Al respecto, ha precisado que "todos ellos han facturado con IVA y deben adelantar sus pagos a la hacienda pública sin haber recibido ninguna contraprestación y sin que, ni siquiera, se les permita la tramitación y reconocimiento de sus facturas".

El edil ha señalado que "no sólo se produce un perjuicio de importantes consecuencias para quienes actúan de buena fe, sino que se trata de un atropello que genera opacidad y absoluta falta de transparencia en las cuentas municipales".

Asimismo, ha considerado que "el no tramitar las facturas supone que a la liquidación del presupuesto no se conozca el importe que adeuda el Ayuntamiento, se falseen las cifras contables y se desconozca el montante económico al que el Consistorio tiene que hacer frente".

Información clave

José Manuel Alonso ha recalcado que saber cuánto y a quién debe dinero el Ayuntamiento "es una información clave para abordar en términos reales la elaboración del presupuesto del año 2012".

Además, la decisión del equipo de gobierno "supone demorar sine die el pago a proveedores que no podrán ver reconocidas sus deudas hasta que entre en vigor el nuevo presupuesto, que no será hasta antes de fin de febrero".

"Es una burla y desprecio al trabajo de los empleados públicos, cuya obligación es ejecutar sus partidas de acuerdo con el presupuesto legalmente aprobado y que se han encontrado con éste decreto, aprobado de un día para otro, que les imposibilita tramitar y presentar, como es su obligación, las facturas de los proveedores de Zaragoza", ha concluido Alonso.