Los mimos pasan por caja

Piden la voluntad, pero confían en que les alcance para cubrir gastos. Los artistas callejeros –mimos, músicos, estatuas humanas, caricaturistas...– pasan por caja estas fiestas del Pilar, en las que, por primera vez, el Ayuntamiento les ha hecho comprar una licencia para poder realizar su actividad. Los permisos cuestan entre 20 y 80 euros, para los ocho días de fiesta, en función de si los artistas actúan ‘por amor al arte’ o ponen a la venta algunos productos como discos, fotografías o, incluso, globos de gas.

Aunque para todas las fiestas se han vendido más de 150 licencias, lo cierto es que muchos de los mimos y pintores que se agolpan por la plaza del Pilar o las riberas han preferido hacerse los suecos respecto a la nueva normativa y arriesgarse a sanciones de hasta 60 euros. Además, si la Policía Local pilla in fragantti a algún vendedor ambulante en la vía pública sin tener su correspondiente licencia, al margen de multarle, también puede intervenirle la mercancía.

El Ayuntamiento justifica esta nueva tasa alegando que las calles no pueden convertirse en un zoco y que «de alguna forma había que poner coto». Además, indica que a los artistas callejeros se les señala cuáles son las mejores zonas para realizar su actividad, para ordenar así los espacios, aunque «en muchas ocasiones esta recomendación cae en saco roto».

Los artistas, como es de imaginar, están que trinan. Tanto, que más de un día se han reunido para protestar a las puertas del Torreón Fortea, que es donde han tenido que cursar su solicitud. «No es una tasa alta, el problema es que tampoco avisaron con tiempo suficiente», se queja José Regado, caricaturista argentino, junto a sus lienzos de Lady Gaga y Rafa Nadal. La fecha de emisión de la norma es del 4 de octubre y los artistas tenían de plazo hasta el día 7 para postularse. El Consistorio divulgó la nueva resolución a través de la web municipal, pero parece que no ha sido suficiente.

La nueva normativa, que también afecta a quienes hagan juegos malabares, bailen, dancen o muevan títeres y marionetas, no es plato de gusto de Amaya Mateo, que pasa las tardes pilaristas convirtiendo a risueños chavales en temidos tigres gracias a su maletín de maquillaje. «Yo no cobro nada y me parece muy fuerte que el Ayuntamiento me cobre a mí por hacer trenzas. Muchos padres me dan una pequeña propina pero creo que tengo derecho a estar en la calle», dice la joven, cerca de la plaza de los Sitios.

Rodeados de vallas

Los modernos juglares se quejan, también, de que este año han tenido que desplazarse de su habitual escenario del paseo de la Independencia a una calle Alfonso atestada de gente, donde resulta más difícil hacerse un hueco. Tampoco pueden detenerse a tocar en la plaza de España ni el Coso Alto porque las obras del tranvía han desplegado sus trincheras por el Casco y han llenado de vallas y barreras muchas de sus vías principales. Así, incluso los que no ven con malos ojos la nueva iniciativa (citan una ristra de ciudades donde las tasas son mucho más altas) sí consideran que se les hubiera podido dar una moratoria hasta el final de las obras porque «así tampoco se puede trabajar en condiciones».

Barcelona está a la cabeza de las ciudades en las que resulta prácticamente imposible actuar (a pesar de que las estatuas humanas en las Ramblas se han convertido en una tradición) y Granada también es una de las urbes con fama de restrictiva entre los artistas callejeros. Este pasado verano, además, localidades más pequeñas también adoptaron medidas semejantes (Benidorm es un botón de muestra) para evitar verse desbordados por una invasión de acordeonistas. La cuantía de la multa varía de unas plazas a otras porque suele regularse en las normas de cada ayuntamiento a través de las ordenanzas de actividades comerciales.

Según fuentes municipales, hasta ahora estos espectáculos «se habían regulado en base al denominado ‘uso o costumbre’» o, lo que es lo mismo, si no había venta de productos, se venía haciendo la vista gorda porque tampoco urgía la necesidad de un mayor control. Recuerdan que hay base legal en el decreto de la DGA 347/2002 (que establece el uso privativo del domino público) y rechazan que esta nueva tasa tenga afán recaudatorio (150 licencias por 20 euros no dan muchas alegrías a las arcas municipales), insistiendo en que su único fin es organizativo, para ordenar los espacios.