Conflictos vecinales por el elevado coste de suprimir barreras

Las estrecheces económicas no son buena compañía para la solidaridad entre vecinos. Los administradores de fincas han detectado que, a lo largo de los últimos meses, los casos de conflicto han aumentado de forma notable a la hora de debatir sobre la supresión de barreras arquitectónicas, ya sea la instalación de un ascensor, o una simple rampa con elevador para salvar un tramo de escaleras. Antes, en la inmensa mayoría de ocasiones, se imponía la generosidad y, previa mediación de los propios administradores, la finca procedía a su instalación. Ahora, no siempre es así. En barrios como el de Las Fuentes o San José, con numerosos edificios sin ascensor, son frecuentes estas situaciones.

«Si algún vecino pide que se realicen las obras, la comunidad no puede oponerse, pero el problema está en el coste: solo se hará una derrama colectiva si lo quieren más de la mitad de propietarios, y eso, desgraciadamente, no sucede a menudo», relata Jorge Herrero, del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

La mediación de estos profesionales ha sido clave infinidad de veces al negociar un crédito o los intereses de un préstamo, ya que, depende del caso, se trata de sumas considerables de dinero. Hoy en día, sin embargo, los desacuerdos han ganado terreno. También sucede algo parecido con otro tipo de gastos que no acarrean perjuicio directo o discriminación para ningún vecino: ahora, las comunidades retrasan casi 'sine die' cualquier reforma que no sea imprescindible: «Hemos notado un parón enorme en todo lo referente a cuestiones estéticas, pintar, reparaciones varias», cuenta Herrero.

Una cuestión de mayorías

En el caso de instalar un ascensor, la obra de más envergadura, se requiere de una mayoría del 60% de los vecinos. Existen subvenciones municipales, si bien este año se agotaron en apenas unas semanas, y el coste total puede ascender a más de 10.000 euros por propietario. Se trata de una obra que, además, conlleva unas molestias importantes y que suele ser demandada por dos tipos de personas: o bien de edad avanzada, o quienes, de pronto, tiene su movilidad reducida. La Fundación DFA recibe al año unas 50 consultas de fincas en este sentido: «Algunas comunidades vienen decididas a actuar, otras, en absoluto, y por lo menos aquí les explicamos cuál sería la mejor opción. Luego, eso sí, la decisión es suya y no siempre actúan de forma solidaria con aquel vecino que no puede bajar las escaleras por sí mismo», resume Luis Molina, de DFA.

Pero, ¿se quejan todos los afectados? «Ni mucho menos. Estamos convencidos de que una buena parte de discapacitados ni lo intentan, lo dan por perdido», añade Molina. Las viviendas antiguas concentran gran parte de estos problemas, y las inspecciones técnicas no examinan su accesibilidad. «Es ahí donde tendría que cambiar la ley, se trata de un aspecto tan importante como verificar la seguridad de la estructura», concluye.