La Policía Local y los servicios sociales desalojaron ayer a las 10 de la mañana a los 22 ancianos que vivían en la residencia que la comunidad Jesús Te Ama gestiona en la calle de Casta Álvarez por las graves deficiencias del inmueble, que incumplía las condiciones mínimas para atender a estos mayores.

Se ejecuta así la orden de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza que a finales de febrero decretó el cierre de este centro social sin ánimo de lucro en el que se atendía a personas con escasos recursos económicos, enfermedades graves o problemas de alcohol. Muchos de ellos no pagaban nada, porque no tienen ningún ingreso. Y quienes los tienen, cobran pensiones mínimas o algún subsidio.

Trece de los ancianos fueron trasladados a la Casa de Amparo, donde se les ha concedido una de las plazas que la DGA tiene concertadas. Otros seis de los residentes fueron hospedados de manera provisional en el albergue municipal. Los tres restantes fueron, uno acogido por un familiar, otro ingresado en un centro para discapacitados físicos concertado por el Gobierno de Aragón y un tercero, trasladado al hospital Miguel Servet porque padecía severos problemas de salud mental, según informaron ayer fuentes municipales.

Estas añadieron que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento llevaban tiempo estudiando la situación de cada residente para buscarles el destino más adecuado a sus circunstancias cuando se cerrase el centro social.

En el desalojo del inmueble -ubicado a la altura de los números 81-83 de Casta Álvarez- participaron los agentes locales, representantes del albergue municipal y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, dos psicólogos y trabajadores sociales del albergue, la Casa Amparo y del barrio. A mediodía, una vez trasladados los ancianos, la Gerencia de Urbanismo ordenó cortar el suministro de luz al edificio del Casco Histórico, que ha perdido la cédula de habitabilidad y ha quedado clausurado.

Vecinos del barrio y el Justicia de Aragón llevaban desde el año 2000 informando de las múltiples deficiencias que presentaban las instalaciones. La última visita que la institución hizo a la residencia fue en noviembre, y sirvió para constatar que no se había efectuado ninguna mejora. De hecho, los técnicos del Justicia redactaron un acta en la que se calificaba de «inaceptable» el estado del edificio y hablaban de deficiencias «insubsanables», que podían provocar problemas de «protección, seguridad y sanidad».