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Zaragoza

VANDALISMO

Más de 450 jóvenes pagan sus actos incívicos con trabajos a la comunidad

La medida, de carácter voluntario, va dirigida a infractores leves, con edades comprendidas entre los 14 y los 21 añosEl 43% de las denuncias son por botellones y el 13%, por conductas agresivas.

Bañarse en fuentes, participar en botellones o acampar en espacios públicos sin autorización son actos tipificados como infracciones en la ordenanza de Zaragoza sobre Protección del Espacio Urbano. Y como tales, las multas por saltarse estas normas llevan acarreada una sanción económica que oscila entre los 500 y los 1.500 euros. Unas multas que, en el caso de los infractores leves, con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, pueden ser sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad.

En 2010, 451 personas eligieron esta opción para hacer frente a sus sanciones, de ellas un 43,9% fueron denunciadas por participar en botellones y alterar la tranquilidad ciudadana. La segunda de las infracciones con mayor número de denuncias guarda relación con el hecho de que muchas de estas personas, en concreto casi un 40%, confundieron la calle con un servicio público y realizaron allí sus necesidades fisiológicas.

«En muchas casos, no siempre la multa o el pago de dinero es la sanción más apropiada, ya que en numerosas ocasiones resultan más útiles otro tipo de medidas», indican fuentes municipales.

Por este motivo, se les ofrece la posibilidad de compensar la falta con trabajos que, en la mayoría de los casos, guardan relación con la infracción cometida. Si, por ejemplo, han realizado pintadas que han dañado mobiliario y espacios urbanos, se les «invita» a colaborar con las brigadas de limpieza porque «el interés de esta media es hacerles ver la gravedad de los hechos para que puedan evitarlos en un futuro», señalan.

Actividades sociales

Dentro del amplio abanico de alternativas que existen, el 60% de los infractores se decanta para cumplir su sanción por colaborar en trabajos de jardinería o limpieza en la empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Otros apuestan por entidades que tratan a colectivos desfavorecidos o personas con discapacidad.

«Les viene muy bien acudir a un comedor social y ver la realidad de la gente más necesitada. Es una lección que no olvidan nunca. Al principio se hacen los remolones y vienen con resignación, pero luego algunos vuelven aunque no tengan que cumplir ninguna infracción», apunta Lucía Capilla, asistenta social de la parroquia del Carmen.

En este comedor social se encargan de poner la mesa, servir la comida o sacar las basuras. En el caso de Fundación DFA, la ayuda se centra en colaborar con las personas con discapacidad. Los sacan de paseo, les ayudan en los talleres, les escriben cartas en el ordenador o juegan con ellos.

«Algunos vienen por obligación, pero otros están encantados porque es una opción que han elegido entre un variado abanico. Nosotros les tutelamos en sus actividades y les orientamos a la hora de tratar a este colectivo», matiza Javier Velilla, educador de la residencia Pomarón de Fundación DFA.

La multa varía dependiendo de la gravedad de la infracción, lo mismo que la duración de las actividades cívicas que oscila entre los tres días y la semana, aunque la duración de la jornada de trabajo o de formación es de cuatro horas máximas. Por dos horas de trabajo se condonan 50 euros del importe de la sanción y se les permite la máxima flexibilidad, teniendo en cuenta sus cargas personales y familiares.

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