Sesenta investigados por destruir neveras de forma ilegal y liberar gases tóxicos

La Guardia Civil ha investigado a 60 personas en Madrid y Zaragoza por gestionar ilegalmente los residuos de más de medio millón de frigoríficos que eran destruidos sin cumplir la normativa vigente liberando gases tóxicos a la atmósfera. Según las pesquisas policiales, en cuatro años esta actividad ilícita les habría supuesto a los investigados unos beneficios de más de 10 millones de euros, ya que mientras tanto cobraban una tasa por eliminar esos electrodomésticos de manera supuestamente ecológica.

Fuentes del instituto armado informaron de que entre los 60 sospechosos se encuentra el zaragozano Valero López Villalba, responsable del Grupo López Soriano y de la empresa Reciclajes Aragoneses de Aparatos Eléctricos y Electrónicos S. L. (Raaee). Esta última planta, ubicada en el Parque Tecnológico del Reciclado, se dedica a desmontar frigoríficos usados separando en el proceso los residuos peligrosos -gases y aceites que deben ser entregados a un gestor autorizado- y los materiales inertes -que se reciclan o se llevan a un vertedero-.

Según informó ayer la Guardia Civil, a los implicados en la denominada operación Fragmento se les atribuye la comisión de varios delitos: contra los recursos naturales y el medio ambiente, por estafa y por apropiación indebida. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Nacional.

Las pesquisas, desarrolladas durante los últimos siete meses, se han centrado en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Zaragoza, donde se encontraban los principales depósitos de material de electrodomésticos. En ellos se han intervenido hasta 1.300 frigoríficos usados que presuntamente se pretendían fragmentar de manera incorrecta.

Siempre según el instituto armado, en lugar de ser eliminados de acuerdo con la normativa ambiental vigente, los electrodomésticos eran destruidos en centros no autorizados para este tipo de gestión mediante técnicas «rudimentarias» que liberaban los gases contaminantes que contienen este tipo de aparatos. En el transcurso de la operación, se ha constatado la emisión a la atmósfera de entre 70.000 y 99.000 kilos de compuestos clorofluorocarbonados (CFC), gases que, según la Guardia Civil, equivalen a más de medio millón de toneladas de dióxido de carbono.

Las irregularidades comenzaban con la propia retirada de los frigoríficos, que en lugar de ser entregados en plantas autorizadas donde se extraen los gases de forma controlada, eran llevados a chatarrerías e industrias diversas donde se despiezaban como si de cualquier otro residuo metálico se tratara. Luego, los materiales eran vendidos a fundidores y otras industrias que reciclan los distintos componentes.

La investigación también se ha extendido a alguna planta de reciclaje autorizada. Este sería el caso de Raaee S. L., la empresa propiedad de López Villalba. Según explicó ayer el propio interesado, hace unos dos meses el Seprona se personó en las instalaciones para inspeccionarlas y se llevó las memorias de los años 2008, 2009 y 2010 -la planta, en la que se han invertido más de 20 millones de euros, empezó a funcionar a finales de 2007-. Posteriormente los agentes pidieron información complementaria.

Además de presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, derivados de la liberación de los gases a la atmósfera, a los investigados también se les atribuyen un delito de estafa -por cobrar la tasas correspondientes a la eliminación ecológica de los frigoríficos sin llegar a efectuarla- y otro de apropiación indebida -los transportistas vendían los electrodomésticos retirados a instalaciones no autorizadas en lugar de depositarlos en las plantas legalmente autorizadas-.

Estas actividades han generado el movimiento de más de 10 millones de euros en los últimos cuatro años. Todos los frigoríficos intervenidos han sido depositados en un almacen a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo -se trata de la primera gran operación que se lleva a cabo en materia de gestión de residuos tóxicos por parte este órgano especializado-.

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente de la DGA aseguraron ayer no tener constancia de esta investigación. Las mismas fuentes explicaron que en la provincia de Zaragoza hay 21 gestores autorizados de electrodomésticos de línea blanca -frigoríficos, lavadoras, lavavajillas...- y que las inspecciones que hace la Consejería no hay detectado prácticas como las que indagan el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente.