El número de casos que llegan al punto de encuentro familiar aumenta un 28%

La Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Apefa) atendió durante el año pasado en Zaragoza a 1.986 personas, 784 de ellas menores de edad y, el resto -1.202-, padres y madres separados cuya conflictiva relación les obliga a utilizar ese espacio neutral para poder cumplir con el régimen de visitas a sus hijos.

El número de usuarios aumentó un 28% respecto a 2009, cuando fueron atendidas 1.505 personas (543 menores), y también respecto a 2008, cuando pasaron por la asociación 1.760 personas (696 niños y 1.064 padres y madres). Siguiendo la tendencia de años anteriores aunque superándola, más de la mitad de los casos que llegaron a Apefa en 2010 (333 de 597, un 55,7%) procedían de los dos Juzgados de Violencia contra la Mujer que hay en Zaragoza y, el resto (el 44,2%), de los tribunales de Familia.

Una buena parte de los asuntos llevan aparejadas órdenes de alejamiento y comunicación, lo que implica que los criterios que los profesionales aplican para los encuentros son mucho más rígidos. En esas ocasiones (que en 2010 fueron 312), los profesionales se convierten en mediadores del juez no solo para entregar a los niños, sino para transmitir cuestiones aparentemente sencillas pero imposibles para los adultos enfrentados, como las relativas a horarios o toma de medicinas de sus hijos.

En los tres últimos años han notado también un notable incremento del número de inmigrantes que llegan a la asociación procedentes de los juzgados de violencia. Tanto la psicóloga y la directora del centro, María Ángeles Val, como la abogada, Rosa Arranz, y la trabajadora social, Azucena Rodríguez, explican que las mujeres extranjeras se comportan de diferente manera a la hora, sobre todo, de mantener las denuncias contra los presuntos maltratadores. «Las españolas siguen adelante con el procedimiento judicial, pero las extranjeras suelen retirarlo», cuenta la letrada.

Aunque no se puede cuantificar, la crisis económica ha contribuido en el aumento del número. Un indicador es que este pasado año han tenido que reabrir expedientes que ya estaban cerrados, porque el impago de pensiones ha hecho resurgir el conflicto. «Aquí vienen parejas que llevan separadas cinco años», comenta Azucena Rodríguez. «En lo que también se nota la crisis es que la gente está más irascible, irritable y tensa», añade la trabajadora social. Los profesionales de estos centros deben tener mucha mano izquierda, puesto que encuentran personas de todo tipo y con grandes exigencias. «Los usuarios no saben las limitaciones que tenemos. En cuanto se llevan a los niños, nosotros no podemos saber lo que hacen fuera, si lo llevan a kárate o al bar», manifiestan.

El perfil de las personas es muy amplio. «Las hay de todas las clases sociales y profesionales. Mediamos en visitas de abuelos a nietos, de hermanos a hermanos, de padres que visitan a hijos cuya custodia la tienen los tíos o los abuelos o una institución de menores...», relata María Ángeles Val.

Lo que aún no ha dado tiempo de valorar es si la nueva ley de custodia compartida -que otorga el cuidado de los hijos a ambos cónyuges si no hay acuerdo previo- incrementará el trabajo en la asociación. La abogada Rosa Arranz vaticina que sí, puesto que, a su juicio, «es difícil conseguir un acuerdo consensuado cuando la pareja está enfrentada». «Si no existe buena relación entre los padres, la ley no tiene sentido porque no se van a poner de acuerdo». De momento, en 2010 han facilitado las visitas a los hijos en un solo caso de custodia compartida.

Las profesionales coinciden en que la única forma de «cumplir bien» con el régimen de visitas y evitar el conflicto es «asimilar» que, durante un tiempo, hay que utilizar el punto de encuentro.

Falta de regulación

Desde que Apefa abrió sus puertas en 2002, el número de usuarios se ha multiplicado exponencialmente. La asociación mantiene dos centros, uno en Zaragoza y otro en Huesca, en los que trabajan 16 profesionales. Anualmente pelean por las subvenciones públicas aunque ahora ya están incluidas en el catálogo de Servicios Sociales. Sin embargo, todavía no se ha elaborado el decreto que les regule y que debe figurar en la Ley de Mediación.

Val lo considera indispensable: «En el resto de las comunidades sí que está regulado qué es un punto de encuentro, las normas a cumplir, los derechos y deberes de los usuarios, el tiempo que se puede usar el servicio (de seis a doce meses prorrogables)». «Sin embargo, -añade- nosotros nos hemos tenido que autorregular de acuerdo con las necesidades del servicio» La asociación tiene sus sedes en la calle de Blasón Aragonés de Zaragoza y en la de Cavia, de Huesca. En la capital oscense atendieron a lo largo de 2010 81 familias, formadas por 162 adultos y 122 niños.