Villamayor, caso abierto

Pueblo o barrio. La cuestión divide desde hace dos décadas a los vecinos de Villamayor de Gállego y es poco probable que el Gobierno aragonés tome a corto plazo una decisión definitiva sobre su reincorporación a la capital a pesar de que ha continuado con el proceso administrativo. El tiempo se echa encima (las elecciones son en mayo), por lo que Villamayor iniciará una nueva legislatura como localidad independiente.

El debate sigue vivo en las calles de Villamayor, que acaba de cumplir cinco años como municipio (era barrio desde 1912), con las divergencias entre los partidarios de que mantenga su actual estatus y los deseosos de que se integre otra vez en Zaragoza. Su eco resuena en el ámbito político y el judicial, con un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y dos contenciosos abiertos por el proceso de anexión.

La 'maraña' judicial es compleja. En julio de 2009, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza anuló el acuerdo plenario del 4 de abril de 2008 del Ayuntamiento de Villamayor, con el 'sí' del equipo socialista (mayoría absoluta) y la negativa de la oposición, por el que se aprobó iniciar la incorporación a la capital aragonesa. El fallo atendió a los argumentos del recurrente (el PP) y determinó que para adoptar una medida relativa a la alteración de un término municipal es necesario el voto favorable de dos tercios de los concejales; no basta solo con la mayoría absoluta.

No conformes con la sentencia, los consistorios de Villamayor y Zaragoza (que también dio el visto bueno a la conversión en entidad local menor) acudieron al TSJA, al igual que el Ejecutivo autonómico. La resolución tardará años en llegar. Los ayuntamientos entienden que es suficiente con la mayoría absoluta, como se recoge en la legislación estatal.

Guiados por esa normativa, en sendas sesiones 'tumbaron' las alegaciones contra la agregación, lo que motivó que CHA, el PP y el colectivo de vecinos El Campanal fueran a los tribunales. El resultado, dos causas en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 1 y 5 de Zaragoza. Los demandantes, amparados en la Ley de Administración Local aragonesa, señalan que se requiere la mayoría cualificada de dos terceras partes del pleno.

Villamayor y Zaragoza solicitaron recientemente la suspensión de los procedimientos contencioso-administrativos hasta que no se resuelva su recurso ante el Alto Tribunal aragonés. Para justificar su postura, José Manuel Aspas, abogado del primer ayuntamiento, explicó que, al estar en el fondo del conflicto la diferencia de criterio en torno a las mayorías de los pactos plenarios, el fallo del TSJA condicionará lo que determinen los otros juzgados.

Sin embargo, José Luis Montero, portavoz de Chunta en Villamayor, vincula esa maniobra a que los consistorios temen unas sentencias desfavorables en el plano contencioso-administrativo. De momento el magistrado del juzgado número 5 resolverá sobre la posible suspensión del procedimiento tras los escritos de conclusiones.

Montero criticó al alcalde, Clemente Martínez, porque la gestión socialista ha ido «enfocada a la agregación», lo que genera «incertidumbre» ciudadana. «Está pensando en la vuelta a Zaragoza sabiendo que el proceso va para largo», remarca el concejal de Chunta. A su juicio, esto ha provocado que Villamayor haya perdido importantes fuentes de ingresos.