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SUCESOS

Acusan a un funcionario de Correos de quedarse con 12.485 euros de la venta de sellos

El fiscal le pide cuatro años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Un funcionario de Correos será juzgado el próximo mes en la Audiencia de Zaragoza acusado de un delito de malversación de caudales públicos que presuntamente cometió cuando se apropió de 12.485 euros procedentes de la venta de sellos. El fiscal y el abogado del Estado le piden una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación absoluta por un periodo de ocho años. Por su parte, su abogada solicita la absolución y niega los hechos que se le imputan.

El acusado, Antonio L. C., estaba destinado en la oficina principal de Correos de la capital aragonesa y tenía a su cargo uno de los almacenes en los que se guardan los sellos. Según el fiscal y el letrado del Estado, entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2009, el inculpado efectuó diversas ventas de material filatélico a particulares y empresas. Después, simuló la devolución total y parcial de los sellos con el propósito de apropiarse del dinero en efectivo correspondiente a las supuestas devoluciones, que quedaron registradas en la aplicación informática a la que accedía el acusado con su clave personal de usuario.

Posteriormente, según las acusaciones, anulaba las facturas emitidas como venta y, al acabar la jornada laboral, descontaba esa cantidad del resultado final. El problema era que realmente nadie devolvía los sellos, con lo que, en septiembre de 2009, el director de la oficina detectó que faltaba material filatélico por valor de 12.485 euros. La auditora de la zona lo confirmó posteriormente en una inspección.

En mayo de 2009, el acusado causó baja por enfermedad y ya no volvió a trabajar hasta el 13 de diciembre de ese mismo año, según recoge el fiscal.

Ante la posibilidad de que tuviera alguna alteración psíquica, en mayo de 2010, el representante del Ministerio Público solicitó que dos forenses examinaran al acusado para comprobar su estado mental. Los médicos llegaron a la conclusión de que Antonio L. C. no tiene «alteraciones psicopatológicas» que le impidan «entender y comprender el alcance de sus actos y, por tanto, ser responsable de los mismos». Así, le declaran totalmente imputable.

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