El Justicia exige que las obras en colegios terminen siempre antes del inicio de curso

El Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio para exigir a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que agilice los trámites de reforma de las escuelas rurales con el fin de que las obras terminen en verano y no se hagan una vez iniciado el curso, con la molestia para alumnos y profesores que eso conlleva. Fernando García Vicente recomienda que todos los proyectos estén aprobados a finales de primavera y que los trabajos comiencen en junio o julio, tan pronto como acaben las clases.

La DPZ convoca todos los años unas ayudas para que los municipios con mil o menos habitantes puedan mejorar las instalaciones de sus centros escolares. Este curso, por ejemplo, las subvenciones han llegado a 88 municipios y los trabajos han consistido en instalación de pavimentos en los patios de recreo, supresión de barreras arquitectónicas, rehabilitación de aseos, pintura de las aulas, reforma de las fachadas, colocación de ventanas, obras de acondicionamiento y renovación o consolidación de cubiertas, según el caso.

Este plan de mejora de centros del medio rural surge fruto de la ley reguladora del régimen local que encomienda a las diputaciones provinciales "la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión". García Vicente ve plausible esta financiación, pero apunta que le constan casos de escuelas que no han podido empezar las obras hasta finales de septiembre e, incluso, han tenido que esperar a diciembre. "Esto puede ocasionar molestias y alterar el normal desarrollo de las actividades lectivas", dice.

La diputación defiende sus plazos

Según alega la DPZ en su respuesta al Justicia de Aragón, la resolución de las ayudas para las escuelas rurales se publicó el 5 de junio del año pasado, pero el asunto se demoró porque algunas localidades "decidieron reformular sus proyectos originales". La diputación insiste en que los municipios ya conocían para esa fecha el importe de las subvenciones designadas por lo que podrían haber comenzado las obras aunque no hubieran recibido aún el dinero.

Pero la contestación no convence a García Vicente, quien matiza que no se puede achacar el retraso a los pueblos. Según la norma, no es que los municipios cambien motu proprio sus proyectos originales -lo que implica a volver a hacer el papeleo-, sino que "algunos tienen la obligación legal de reformular sus solicitudes", replica El Justicia. Esto ocurre, por ejemplo, en los casos en los que la subvención concedida es inferior a la que se pedía en un principio.

La institución señala, además, que no se les puede pedir a los ayuntamientos que inicien las obras sin tener el dinero. "Nos parece una medida prudente que algunos responsables municipales que carecían de disposición económica suficiente para asumir el costo con cargo a su presupuesto, decidieran no ejecutar lo proyectado hasta que se emitiera el decreto que aprobaba la reformulación", dice. Por ello, insiste en pedir a la DPZ que actúe con celeridad y agilice todos los informes.