Banco de ADN de las familias de los niños robados

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) está preparando el terreno de la denuncia colectiva que presentará el jueves ante la Fiscalía General del Estado y acaba de crear un banco de ADN para los casi 500 asociados en casos de los niños robados, la mayor parte en la dictadura.

El presidente de ANADIR, el zaragozano Antonio Barroso, explicó ayer a HERALDO que se han puesto en contacto con la empresa Genómica SAU, dedicada al análisis genético desde 1990, para que todas las personas asociadas que buscan a su familiar (madre biológica, hermano o hijo) puedan hacerse la prueba de ADN.

"Este análisis tiene valor judicial. Cuesta unos 90 euros por persona y nos ofrece más servicios porque se conservan las muestras para hacer todos los cruces que necesitemos con todas las personas que aparezcan", detalla Antonio Barroso.

Los asociados solo tendrán que someterse a una toma de material genético cuyos resultados serán cruzados cada vez que haya una nueva entrada. Para fomentar el encuentro de las familias, ANADIR promueve este banco, para adelantar un trabajo, que podría asumir el Ministerio de Justicia si sigue adelante la denuncia colectiva que se presentará en la Fiscalía General del Estado o se abre la vía contencioso administrativa. Puede servir para las familias biológicas a las que les quitaron un recién nacido o los propios niños que ya adultos sospechen haber sido secuestrados.

ANADIR está cerca de reunir a 500 asociados, pero las exigencias que se exigen para interponer la denuncia, sumarán 260 casos. Los denunciantes presentan una declaración jurada en la que detallan su caso y se comprometen a aportar los documentos que han recopilado en instituciones (archivos, registros, parroquias o juzgados).

"Vamos a aportar un CD con grabaciones de programas y publicaciones que contienen pruebas indiciarias para abrir investigaciones. Vamos a pedirle al fiscal general del Estado que haya una unidad de actuación en todo el país. Si los fiscales de Cádiz, Sevilla y Málaga han abierto sus diligencias con la Policía Judicial, pueden hacerlo en el resto de España", señala el abogado Enrique Vela.

El letrado de la asociación ANADIR recuerda que los tres casos archivados en Zaragoza por juzgados de instrucción y la Audiencia fueron el germen de esta denuncia colectiva. "Pensamos que no nos harían caso de uno a uno, como pasó en Zaragoza, sino interponiendo una denuncia conjunta", detalla Enrique Vela. "La Fiscalía General del Estado puede dirigirnos a cada fiscalía, en lugar de seguir la opinión de que estos casos han prescrito. Y los fiscales tienen la obligación de investigar si tienen indicios de un delito como la detención ilegal de niños. Si aceptan la denuncia e investigan pueden enviarlos a los juzgados y en Zaragoza se podrían reabrir", explica.

Los integrantes de ANADIR están muy esperanzados en que la consecuencia de la denuncia colectiva suponga la reapertura de la investigación en Aragón, a pesar de los antecedentes de archivos en los tres casos de Antonio Barroso, Juan José Moreno y Pilar Ortiz.

Pilar Ortiz cree que la solución de su caso, cuando desapareció su gemela en la Maternidad de la Diputación Provincial de Zaragoza, es factible. "Si reclaman un libro de la parroquia del Hospital Provincial de 1948 o se revisan los documentos de la Maternidad se podrá saber quién se quedó con mi hermana", señala Pilar Ortiz.