La oposición municipal mostró ayer su escepticismo acerca de la opción de financiar el nuevo estadio con cargo a venta de suelo o permutas, tal y como está estudiando el gobierno PSOE-PAR. Con diferentes matices, PP, CHA e IU dijeron que la situación del mercado inmobiliario, que arrastra una grave crisis de ventas, así como el rechazo de los bancos a financiar operaciones vinculadas al ladrillo, pone en jaque el modelo de financiación planteado por el gobierno. Es más, los grupos de izquierda coincidieron en que es inviable.

Tras numerosos vaivenes y con un gran retraso sobre los planes iniciales, el gobierno municipal tiene tres alternativas para financiar el estadio y todas, con variantes, plantean recurrir al suelo público como fórmula de pago. La más viable para el gobierno, que durante todo el proceso ha planteado cinco modelos de financiación distintos, es pagar a la adjudicataria de las obras con parcelas municipales. Una de ellas sería el solar anexo a la Romareda, que tiene 42.500 metros edificables para usos terciarios y un valor de tasación de 58 millones. Como el estadio tiene un presupuesto estimado de 131, el resto de la financiación procedería bien de parcelas, bien del presupuesto público.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Dolores Serrat, lamentó la falta de información y la confusión que rodea al proyecto. "No vemos nada claro lo de financiar las obras con suelo, dada la situación del mercado", afirmó. A su juicio, la tramitación del estadio es un ejemplo de "mala gestión", dado que ya debería estar en obras, y se quejó de que el gobierno haya orillado a los grupos que apoyaron la ubicación de San José. "No nos han dado ni una sola noticia en todo este tiempo", dijo.

Serrat criticó el retraso que arrastra el estudio de viabilidad del campo de fútbol, que se debería haber entregado en septiembre del año pasado, y cuestionó que todavía no esté claro el papel que va a jugar la DGA. Y, además, subrayó "la cuestión de oportunidad". "No sé si se puede considerar una prioridad en la situación económica actual", afirmó.

El portavoz de CHA, Juan Martín, fue muy crítico y rechazó de lleno los planes del gobierno PSOE-PAR de financiar con suelo el estadio. Recordó que el Tribunal Superior de Justicia anuló la operación Romareda que impulsó CHA cuando gobernaba porque el precio de la parcela anexa, con la que se querían financiar las obras, "no era cierto". "Sería susceptible de recurso judicial", dijo Martín en referencia al pleito que puso en marcha el PAR contra el plan impulsado por su partido durante la pasada corporación. Pero fue más allá. "El problema es que no se reconoce que el campo de fútbol no puede salir porque la situación económica lo impide", afirmó. En este sentido, dijo que hablar de recalificaciones cuando "el mercado está en coma es ridículo".

En la misma línea, José Manuel Alonso, de IU, calificó de "inviables" los planes de recurrir a suelo público para pagar el estadio y rechazó que se destinen recursos de los presupuestos para el nuevo campo. "Las posibilidades de financiación son escasas. El suelo no es una moneda de cambio eficaz", dijo. Y, por supuesto, rechazó recalificaciones: "IU no aceptará una operación especulativa en el solar de la vieja Romareda".

Mientras arreciaban las críticas al gobierno por parte de la oposición, el concejal de Deportes, Manuel Blasco, dijo en declaraciones recogidas por Europa Press que entre las opciones que está valorando la coalición PSOE-PAR "no hay ninguna decidida". Se limitó a admitir que se ha hecho una consulta a Eurostat para determinar si las propuestas que se están barajando computan deuda. Lo que sí tenía más claro es que las obras, que podrían salir a concurso en marzo, se adjudicarán tras las elecciones, por lo que será el próximo gobierno municipal el que resuelva el incierto futuro del nuevo estadio de San José.