El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha sido citado por el juez de La Almunia de Doña Godina el próximo 11 de febrero para declarar como testigo por el caso de corrupción urbanística del municipio de La Muela (Zaragoza), en el que hay implicadas cerca de 40 personas.

Así lo han informado fuentes judiciales, que han apuntado que ese mismo día junto a Boné, que es secretario general del Partido Aragonés, han sido igualmente convocados por el juez, también como testigos, el vicepresidente primero de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas, y el técnico de la Diputación Fausto Comenges, ambos miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo.

El juez Alfredo Lajusticia continuará tomando declaración el 28 de febrero a los dos testigos protegidos en esta causa, que fueron al parecer quienes interpusieron la denuncia que dio lugar a este caso de presunta corrupción, según algunas fuentes judiciales.

Para el mismo día también ha citado a declarar como testigos a Javier Mur Pintre, presidente del Club Deportivo La Muela, que milita en la Segunda División B, Jesús Aldea y José Javier Blasco Hernández.

El juez ha decidido igualmente considerar al Instituto Aragonés del Agua como posible parte perjudicada, además de solicitar al Ayuntamiento de La Muela copia de un expediente administrativo, referente a la adjudicación del amueblamiento del Centro de Salud del municipio a la mercantil ON Comunicación, según las fuentes.

El caso de corrupción urbanística de La Muela se destapó el 18 de marzo de 2009 con la detención de la alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), del que fue dada de baja posteriormente, y otras diecisiete personas, entre ellas su ex marido y uno de sus hijos, además de concejales y empresarios.

De todos los imputados, que finalmente han ascendido a cerca de 40, entre ellos los tres hijos y una herman de la alcaldesa, sólo tres llegaron a ser encarcelados.

La propia alcaldesa, que abandonó la prisión de Zuera después de cuatro meses y tras pagar una fianza de 800.000 euros; el concejal Rodrigo Vela (tres meses en prisión), quien depositó otra fianza de 150.000; y el empresario madrileño José Carlos Fernández, quien salió tras dos meses de prisión, bajo finanza de 250.000 euros.

Pinilla está imputada de once delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo de capitales.

Según fuentes judiciales, el sumario del caso La Muela acumula ya más de doscientos tomos tras casi 22 meses de investigaciones en los que han sido citados declarar numerosas personas, altos cargos de la administración y empresarios, además provocar dimisiones como la del concejal socialista del ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril.

La Muela, a unos 28 kilómetros de Zaragoza, ha sido uno de los ayuntamientos con mayor desarrollo urbanístico de la Comunidad Aragonesa, llegando a triplicar su población entre 2000 y 2008, hasta tener un censo de unos 4.500 habitantes.