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JUZGADOS

El fiscal pide 5 años de prisión para una trabajadora social por estafar a ancianos

Las víctimas, casi todas con minusvalías, vivían en una residencia de Villafranca de Ebro.

Una trabajadora social tendrá que sentarse el próximo mes de febrero en el banquillo de los acusados por las denuncias presentada contra ella por varios ancianos de la residencia Jardines de Villafranca, ubicada en Villafranca de Ebro. La acusada, Beatriz Virginia V. C., consiguió que los internos le entregasen distintas cantidades de dinero. Pero según la Fiscalía, lo hizo mediante engaños y aprovechándose de las minusvalías de estas personas. Por ello, pedirá que sea condenada a cinco años de prisión: cuatro por un delito continuado de estafa, y uno más por un hurto agravado.

Según el ministerio público, la trabajadora consiguió engañar a cinco de los residentes, lo que le reportó un beneficio económico de casi 9.000 euros. Los responsables de la residencia, totalmente ajenos a las prácticas de la empleada, también se han personado en la causa, ya que ellos mismos devolvieron a una de las residente el dinero estafado.

La acusada estuvo contratada en el geriátrico entre el 1 de diciembre de 2005 y el 5 de noviembre de 2008, cuando pidió el cese voluntario. Y según la Fiscalía, las presuntas estafas comenzaron en septiembre de 2007 y se prolongaron hasta días antes de su marcha.

La primera víctima fue una interna de 84 años, a la que la trabajadora social hizo firmar dos escritos que ella misma había redactado. Mediante ellos, la anciana le autorizaba a realizar tres reintegros, de 600, 1.000 y 450 euros, respectivamente.

Durante la fase de instrucción, la anciana declaró no haber sido consciente de la autorización. Enterados los gestores de la residencia de lo sucedido, ellos mismos devolvieron el dinero a la mujer. Y por ello se han personado en la causa, para reclamar a la acusada esta cantidad.

Pero los presuntos engaños continuaron, y la siguiente víctima fue otro residente. En este caso, un varón que presentaba una hemiplejía y era totalmente dependiente. La trabajadora hizo un reintegro de mil euros de la cuenta de este interno, sin que conste el destino que dio a este dinero. Posteriormente, el hombre autorizó una transferencia bancaria de 3.994 euros creyendo que la acusada destinaría esa cantidad a comprarle una silla de ruedas eléctrica. Sin embargo, dicha silla nunca se adquirió.

A mediados de septiembre de 2008, ingresó en la residencia una señora que tan solo permaneció allí tres días. A su llegada al centro, la mujer llevaba en el bolso 700 euros, de los que presuntamente se apoderó también la trabajadora social sin justificación alguna. Cuando el hijo de la anciana de percató de lo sucedido reclamó el dinero, y la acusada le devolvió los 700 euros. Sin embargo, según el ministerio público, esa cantidad se pagó con un reintegro que la trabajadora social hizo de la cuenta de otros residentes. En este caso, madre e hijo.

No fue el único reintegro que se hizo de esa libreta, que estaba en posesión de la acusada. La empleada ordenó la transferencia de otras dos cantidades: 600 euros primero, y 382 después. También retiró otros 100 euros en efectivo. Para justificar todos esos movimientos, la Fiscalía dice que la acusada elaboró sendos escritos de autorización.

El letrado encargado de la defensa de la trabajadora social pide la absolución, ya que considera que esta no cometió ningún delito y que las denuncias tienen su origen en “una campaña de acoso y derribo” contra su cliente.

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