La Audiencia Provincial juzgó ayer a Enrique Aparicio Palomar, un gestor de Zaragoza para el que la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Por el elevado número de clientes perjudicados, un total de 16, se preveía que el juicio se prolongara durante toda la mañana. Sin embargo, la vista no duró más de media hora, ya que las partes acercaron posturas. De hecho, el ministerio público rebajó la petición de condena, dejándola en 23 meses.

La declaración del acusado fue corta, ya que reconoció todos los hechos que se le imputaban. En este sentido, la condena parece inevitable. En cualquier caso, el gestor no tendrá que entrar en prisión, ya que la condena que se pide ahora para él es inferior a dos años, y al no tener antecedentes penales podrá solicitar la suspensión,

La mayoría de las personas que denunciaron al gestor eran propietarios de pequeñas empresas, que habían confiado al acusado una serie de partidas para hacer pago a una serie de impuestos. Sin embargo, usó estas cantidades en su propio beneficio, ocasionando a sus clientes no pocos problemas. Ya que, además de perder el dinero entregado, tuvieron que hacer frente a las multas que les impusieron las distintas organizaciones y organismos: ayuntamientos, Seguridad Social, Hacienda... Es decir, tuvieron que volver a pagar los impuestos y encima hacerse cargo de los recargos y sanciones.

Una larga lista de perjudicados

Pero los perjudicados no fueron solo autónomos y pequeños empresarios. En la relación de denunciantes figuran también personas que le habían entregado dinero para hacerse cargo de la tramitación de herencias, comunidades de vecinos a las que cursó recibos por conceptos inexistentes, o el comprador de dos garajes al que tenía que resolver el papeleo.

Según el escrito de calificación fiscal, la suma de las cantidades de las que se apropió el acusado arroja un total de 77.947 euros. Y a esta cantidad habrá que sumar los perjuicios que se estimen en ejecución de sentencia. Al parecer, el gestor habría empezado a devolver a los afectados parte del dinero que utilizó en su beneficio. De ahí que muchos de ellos ni siquiera se presentaran ayer en el juicio que se celebraba en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Sin embargo, todavía hay varios perjudicados con los que el acusado no ha saldado cuentas.

Enrique Aparicio había ejercido su profesión ininterrumpidamente desde 1998, y contaba con una clientela ya consolidada, tanto en su faceta de gestión y asesoría, como en la de administrador de fincas. De hecho, a principios de 2007, año en que se cometieron las supuestas irregularidades, el acusado trabajaba ya con alrededor de 75 clientes.

Según su propia defensa, a consecuencia del estrés acumulado, el gestor empezó a consumir sustancias psicotrópicas. Al principio, de forma esporádica, y luego, de manera habitual. De ahí pasó a la cocaína, convirtiéndose en adicto.