Multa de 12.000 euros a una gasolinera de Calatayud por hacer obras sin licencia

El Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística de la DGA ha impuesto una multa de 12.000 euros por infracción urbanística grave a los promotores y al técnico director de la reconstrucción de la estación de servicio del paseo de Ramón y Cajal de Calatayud por haber ejecutado una parte de las mismas sin licencia y contraviniendo las condiciones de obras de consolidación, modernización o incremento de valor en edificaciones calificadas como fuera de ordenación. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición o contencioso-administrativo.

Los hechos denunciados se remontan a 2006 y el expediente sancionador se inició en abril de 2007. Unos particulares denunciaron las obras en la gasolinera que está justo delante de su edificio, en zona verde pública. La queja de estos vecinos llegó al Justicia de Aragón porque durante la construcción del bloque de sus viviendas se derribó totalmente la estación de servicio para después reconstruirla. En octubre de 2008 la directora general de Urbanismo requirió al Ayuntamiento que ejerciera sus competencias en materia de disciplina urbanística, pero no actuó la administración municipal y se le requirió copia de las licencias de las obras de la gasolinera.

El Servicio de Inspección Urbanística considera que los promotores construyeron un edificio auxiliar de nueva planta para uso comercial y de servicios con aseo, tienda y oficina "sin la oportuna licencia urbanística municipal". Esta edificación no puede legalizarse ya que (antes y después de la edificación) se encuentra, según el PGOU, en suelo clasificado como zona verde y espacios libres y, por tanto, fuera de ordenación urbana.

Habría otra causa para considerar la instalación fuera de ordenación. Incumpliría otras disposiciones sobre seguridad o salubridad, puesto que debería estar aislada por una franja de terreno de 30 metros. Las licencias que concedió el Ayuntamiento no contemplan la nueva construcción del edificio auxiliar, sino la sustitución de surtidores, una nueva marquesina y el derribo de los aseos que había. Por eso se considera que se cometió una infracción urbanística grave y se multa con 12.020,05 euros a los promotores y con la misma cantidad al técnico director.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Sanmiguel, indicó que los técnicos municipales tienen distinta opinión al respecto. Uno manifestó que se había iniciado la cimentación del edificio sin que existiera constancia en la documentación y otro considera que las obras ejecutadas estaban incluidas en las licencias aprobadas. Este expediente se tramitó entre abril de 2006 y julio de 2007, cuando se enfrentaron el entonces alcalde Fernando Martín (PP) y el propio Sanmiguel, entonces primer teniente de alcalde en las filas del PP.