"El Euro es el mayor club de alterne de Aragón, molesta y quieren cerrarlo"

Del medio centenar de clubes de alterne que existen en Aragón, probablemente el Euro sea el más conocido. Ayer, la Fiscalía pidió su clausura definitiva y 22 años de prisión para quien durante más de diez años ha sido su dueño. El establecimiento, ubicado en el kilómetro 11 de la carretera N-232, en el Burgo de Ebro, ha sido ya cerrado en varias ocasiones. Sin embargo, si la Audiencia Provincial atiende ahora la petición del ministerio público, podía echar la persiana definitivamente.

"El Euro es el mayor club de alterne de Aragón y el que más trabaja, molesta y quieren cerrarlo. Entre cocineros, limpiadoras, gente de mantenimiento y seguridad, el local tiene 20 personas en nómina. Todas ellas irán a la calle si finalmente se clausura". Así de vehemente se mostró ayer José Luis Melguizo, letrado encargado de la defensa del ex propietario del local, Antonio F., y de su cuñado, Eber S., de nacionalidad brasileña y para quien también se piden diez años de cárcel.

Ambos se sentaron ayer en el banquillo por la denuncia que tres antiguas trabajadoras del establecimiento presentaron contra ellos en junio de 2007. Las mujeres declararon en su día que fueron captadas en Brasil bajo la promesa de que en España ganarían mucho dinero ejerciendo la prostitución. Versión que ratificaron ayer dos de ellas, ya que la tercera ni siquiera se presentó en el juicio.

"Sabía a lo que venía, pero una vez aquí, me dijeron que tenía que pagar 3.000 euros por el billete de avión, otro mil euros que me adelantaron y 60 euros diarios por alojamiento", explicó una de las testigos protegidas. El ex propietario del club de alterne negó ayer que formara parte de una red organizada para traer mujeres a El Burgo de Ebro, y dijo que él se limitaba a cobrar el alojamiento a las chicas. "Nosotros alquilábamos habitaciones y nada más. Diríamos que teníamos un hostal de carretera, en el que ellas trabajaban. Pero las chicas se quedaban todo lo que ganaban", aseguró.

El empresario insistió en que "nunca" cobró dinero extra a nadie: "Ni por el pasaje, ni por ningún concepto". Declaró también que para tratar de llevar el negocio de la forma "más legal posible", exigía a todas las mujeres el pasaporte. "Queríamos evitar que se colaran menores o chicas que no tenían el sello de entrada en el país", indicó. En cuanto al segundo acusado, negó que se dedicara a captar mujeres en su país, aunque una de las testigos le identificó "sin dudas".

Un ardid para evitar la expulsión

La defensa parte de la base de que las denuncias formuladas contra sus clientes son "falsas", y que fueron presentadas por las mujeres para evitar su expulsión del país. A preguntas de Melguizo, una de las denunciantes tuvo que reconocer que había una orden para deportarla y que la Policía le dijo que si denunciaba, el expediente se archivaría y le darían la tarjeta de residencia en España. El instructor de las diligencias policiales no compareció en la vista, y se justificó alegando que se encuentra fuera del país. "Podía haberlo hecho por videoconferencia, como se hace habitualmente, pero este expediente apesta", dijo la defensa, que también recordó que una de las mujeres ofreció retirar la denuncia a cambio de 50.000 euros.

Tras escuchar a los acusados y a los testigos, la Fiscalía decidió mantener la acusación contra los dos hombres. "Está fuera de toda duda que el acusado -Antonio F.- se lucraba con el trabajo de las mujeres. No nos olvidemos que allí había alojadas 20 chicas, lo que supone 1.200 euros diarios", señaló.