El juez niega el sobreseimiento a uno de los imputados en la trama de La Muela

La lista de imputados en la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela supera ya los 40. Los últimos, los dueños de Viajes Sauco, que tendrán que declarar en sede judicial el próximo 3 de diciembre. Y pese a que han sido muchas las peticiones de sobreseimiento, la única que ha aceptado hasta ahora el instructor ha sido la de una agente de la Policía Local.

El último al que el juez ha negado el sobreseimiento ha sido Antonio Fando, gerente de la empresa Ente Gestor de Nuevas Tecnologías del Agua (NTA). El pasado 23 de julio, su abogado presentó un escrito en el que aseguraba que este había sido "un mero instrumento" del Ayuntamiento para la obtención de una subvención indebida por parte del Instituto Aragonés del Agua. Y decía también que su cliente no había tenido "participación voluntaria" en el delito de fraude en la concesión de subvenciones.

Sin embargo, en uno de sus últimos autos, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, dice que no comparte las conclusiones a las que llega la defensa de este imputado. "Existen indicios en la causa para entender que el imputado participó de forma activa en el delito de fraude en las subvenciones elaborando facturas por trabajos que realmente no estaban ejecutados", explica.

Considera el magistrado que esta conducta "se desarrolló por el imputado con pleno conocimiento e intencionalidad". Y recuerda, además, que estos no son los únicos hechos que se imputan a Antonio Fando. "Entre otros -indica- también se ha puesto de manifiesto el pago de cantidades de dinero al concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, lo que constituiría un delito de cohecho".

La subvención que el Ayuntamiento de La Muela consiguió gracias a la presunta colaboración de Antonio Fando ascendió a 635.000 euros. Según un informe elaborado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, después de que saltara el escándalo, aproximadamente el 70% de las 23 obras que deberían haberse ejecutado para poder cobrar ese dinero no se hicieron.

Los cheques de Cajalón

El juez de la Operación Molinos sigue investigando también el cobro de varios cheques en oficinas de Cajalón. Estos talones sirvieron, según la Policía, para pagar 1,4 millones a Carmelo Aured -ex alcalde de La Muela e imputado- por intermediar en una compraventa de terrenos. Por estos hechos, el pasado mes de septiembre declararon ante el juez como testigos Juan José L. A. y Francisco L. L., dos de las personas que supuestamente cobraron cheques de la empresa Ebrogan -del imputado Arturo Beltrán- por servicios no prestados y con facturas falsas.

Los dos testigos dijeron que no conocían ni a Carmelo Aured ni a Ebrogán y el fiscal pidió que se les tomara un cuerpo de escritura para ver si su firma está en los cheques. El instructor se dirigió también entonces a la entidad bancaria para pedirle que le remitiera los originales de esos talones. Eran cuatro, y han llegado ya al juzgado número 1 de La Almunia. Por ello, el juez ha cursado una petición a la Brigada de Criminalística de la Jefatura Superior de Aragón para que compruebe si realmente las rúbricas que aparecen en el reverso de esos cheques se corresponden con las de los testigos Juan José L. A. y Francisco L. L.