El pleno municipal celebrado en Caspe el jueves acordó por unanimidad suspender la tramitación del expediente sancionador por actuaciones urbanísticas sin licencia en el paraje la Herradura, un terreno que está clasificado en el vigente PGOU como suelo no urbanizable protegido. Además, se decidió remitir el expediente al juzgado de instrucción de Caspe, que será ahora quien delimite las responsabilidades.

El pleno tenía carácter extraordinario y fue forzado por los grupos de la oposición PP, PAR, así como por la agrupación independiente Compromiso por Caspe (CPC), que supone el 50 % del gobierno municipal junto al PSOE. Aunque los socialistas votaron en contra de la celebración, en la sesión plenaria se unieron a la propuesta del resto de los grupos.

No obstante, la sesión no estuvo exenta de tensión. La alcaldesa aseguró que tenía intención de convocar el pleno, pero que el resto de grupos se había precipitado. Estos alegaron que lo que pretendía era demorar la celebración para que el expediente administrativo prescribiera y, por ello, se vieron en la necesidad de evitarlo convocando la sesión para, de esta forma, poder traspasar la documentación al juzgado.

En marzo de 2010 se inició el expediente administrativo sancionador contra la empresa de la Herradura por haber construido edificios agrícolas en un paraje que figura en el PGOU como lugar de especial protección. De los nueve edificios, solo dos tienen licencia de construcción. El resto carece de ella. Además, según los datos que contempla el expediente, se está realizando actividad industrial (centro hortofrutícola) sin licencia.

Fue el grupo CPC quien, ante la dilación de los plazos y la posibilidad de que prescribiera, puso los hechos en conocimiento de la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Esta, una vez examinados, los remitió al juzgado de Caspe para que iniciara el proceso de instrucción. Ahora queda en suspenso el expediente administrativo, y será el juzgado el que dictamine y resuelva el conflicto.