Los ingresos de los Pinilla no crearon sospechas en Cajalón

Antonio Javier Peinado Serrano, subdirector de la oficina de Cajalón en La Muela entre marzo de 2006 y febrero de 2007, compareció ayer en calidad de imputado ante el titular del juzgado número 1 de La Almunia, que instruye la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela. El responsable de la sucursal debía despejar dudas sobre el dinero que los distintos miembros de la familia de María Victoria Pinilla, alcaldesa de la localidad, metió en la caja en 2006.

Según la Policía, la familia Embarba-Pinilla hizo en esta sucursal numerosos ingresos fraccionados (42 de 3.000 euros, por ejemplo) para no disparar las alarmas del Banco de España ya que cuando la cantidad es superior a 3.000 la entidad está obligada a identificar a quien hace el ingreso. Según pudo saber este periódico, Peinado explicó que él no controla los ingresos cuando se hacen sino que los visa al día siguiente. Añadió que no les dio mayor importancia puesto que el número de clave era el del titular de la cuenta y porque el cajero, Carlos G. M., lo comprobaba.

Por su parte, el cajero, que declaró como testigo, además de contar que a María Victoria Pinilla no la vio nunca por la sucursal en ese periodo de tiempo, manifestó que a él le decía el cliente cómo quería hacer la entrega de dinero y él lo comunicaba después a sus compañeros.

Además de estos empleados de Cajalón, ayer comparecieron como testigos Juan José L. A. y Francisco L. L., dos de las personas que supuestamente cobraron cheques de la empresa Ebrogan -del imputado Arturo Beltrán- por servicios no prestados y con facturas falsas. Estos cheques sirvieron, según la Policía, para pagar 1,4 millones a Carmelo Aured -ex alcalde de La Muela e imputado- por intermediar en una compraventa de terrenos. Los dos testigos dijeron que no conocían ni a Aured ni a Ebrogán y el fiscal pidió que se les tomara un cuerpo de escritura para ver si su firma está en los cheques.

También declaró el imputado José Carlos Fernández Delgado, dueño de Brocover y acusado por sus socios de quedarse con un millón de euros, lo que negó.