La planta impulsada por el Departamento de Medio Ambiente de la DGA para gestionar todos aquellos residuos peligrosos que necesitan un tratamiento antes de ser almacenados en un vertedero acumula ya más de dos años de retraso. La consejería que dirige Alfredo Boné anunció en su día que las instalaciones, ubicadas en el Parque Tecnológico del Reciclado, se pondrían en marcha en la primera mitad de 2008. Sin embargo, no solo no fue así, sino que actualmente las obras están paralizadas.

Según ha podido saber este periódico de fuentes de Medio Ambiente, el proyecto está bloqueado por un desacuerdo entre los distintos accionistas de la sociedad a la que la DGA le encargó la construcción y la explotación de la planta. No obstante, oficialmente el Departamento achaca los retrasos a que la empresa ha solicitado redimensionar las instalaciones para poder ponerlas en marcha por fases.

Mientras, los residuos peligrosos y los industriales no peligrosos que necesitan un tratamiento previo se siguen teniendo que llevar fuera de Aragón o se depositan directamente en un vertedero.

Es un servicio público

Para evitar precisamente eso, en 2003 la DGA declaró servicio público de titularidad autonómica la eliminación de este tipo de desechos. Dos años después, el Ejecutivo autonómico decidió que el servicio debía prestarlo una sociedad mixta.

Medio Ambiente convocó un concurso para buscar socios privados, y el resultado fue la constitución de Aragersa, una empresa en la que la DGA tiene el 60% de las acciones y el resto se distribuye a partes iguales en- tre dos sociedades: la que gestiona el vertedero de residuos peligrosos de Torrecilla de Valmadrid -Ecoactiva de Medio Ambiente- y la que se hizo cargo de la planta de tratamiento -Aragonesa de Servicios Medioambientales (Atramed)-.

El servicio público se puso en funcionamiento a finales de 2007, aunque hubo que esperar unos meses hasta que se inauguró el nuevo vaso creado por Ecoactiva junto al vertedero anterior. Sin embargo, casi tres años después Aragón sigue sin contar con una planta para el tratamiento de los residuos peligrosos y de los industriales no peligrosos.

Según señala el Departamento de Medio Ambiente, ya se han ejecutado más del 75% de las obras, pero faltan por acometer los cerramientos exteriores, la urbanización del entorno y la instalación de la maquinaria.

La consejería que dirige Boné justifica los retrasos alegando que la empresa Atramed ha pedido redimensionar la planta adecuando la capacidad de tratamiento al volumen de residuos recibido. No obstante, fuentes del mismo departamento explican que el problema son las diferencias económicas y empresariales surgidas entre los accionistas de la sociedad, desacuerdos que por ahora impiden continuar los trabajos.

Cuando estén terminadas, las instalaciones permitirán tratar aquellos residuos líquidos y pastosos que, por sus características, no pueden ser llevados a un vertedero sin tratamiento previo: lodos, ácidos, disolventes, hidrocarburos, cenizas, escorias, aceites... A través de distintas líneas de gestión, la planta alterará la composición de esos y de otros muchos tipos de residuos eliminando su peligrosidad o adecuándolos a las necesidades de su eliminación en un vertedero.

11,2 millones de euros

La construcción de este equipamiento se valoró en su momento en unos 11,2 millones de euros. Fue diseñado para gestionar hasta 35.000 toneladas de residuos al año, y se calcula que creará 11 puestos de trabajo. El importante retraso que acumula la planta hace que actualmente la sociedad mixta Aragersa 'solo' esté gestionando el 85% del volumen total de residuos previsto -unas 20.000 toneladas anuales-.

En todo este proceso, la DGA no ha puesto ni un céntimo. Todos los gastos generados corren a cargo de las empresas privadas que reciben la concesión para crear y explotar los equipamientos. Una vez puestos en marcha, los inversores recuperan su dinero gracias a las tarifas que abonan los usuarios de las instalaciones -quien contamina paga-.