Cuando acaba de cumplirse el primer aniversario del incendio que asoló más de 7.000 hectáreas del campo de tiro de San Gregorio, cuatro mandos militares han declarado ya como imputados ante la juez que investiga los hechos. A esa lista podría sumarse ahora un quinto nombre: el del subteniente que dirigía las prácticas de desactivación de explosivos en la zona de Puig Amarillo, donde se inició el fuego el 18 de agosto de 2009. Las dos acusaciones particulares personadas en la causa han pedido a la instructora que se le cite a declarar. Sin embargo, mientras una pide que comparezca como imputado (con abogado), la otra, de momento, solo lo ha propuesto como testigo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, a quien la Audiencia Provincial ordenó que reabriera la investigación del incendio tras un primer archivo provisional, todavía no se ha pronunciado. De hecho, antes de hacerlo, ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la solicitud de las acusaciones particulares. Y si el ministerio público no se opone a esta citación, todo apunta a que habrá un quinto imputado en la causa.

Han sido las declaraciones en sede judicial de los primeros cuatro imputados -el jefe del Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio (Cenad), el jefe accidental, el jefe de emergencias y el jefe de operaciones- las que han llevado a las acusaciones a proponer que se cite a este subteniente. Consideran que su testimonio será fundamental para aclarar las "contradictorias" respuestas que, a su juicio, han dado sus superiores. Sobre todo, en aspectos tan importantes de la investigación como la supuesta retirada de material explosivo en la zona de ignición, la hora en que concluyeron las prácticas de desactivación de explosivos, o la posible utilización de munición trazadora, prohibida en aquellas condiciones.

Además de la citación del subteniente, el despacho de abogados de Enrique Trebolle, que representa a los propietarios de un coto devastado por las llamas, ha pedido a la juez que se identifique y se llame a declarar como testigos a la persona que actuó como directora técnica de la DGA en el incendio, y al asesor técnico del jefe de Emergencias del Cenad.

Por su parte, el despacho de abogados Garrigues, que ejerce la acusación por encargo de los dueños de unos terrenos también afectados por las llamas, han solicitado a la instructora la grabación de las llamadas que se hicieron al centro de emergencias del Gobierno de Aragón. Con estas conversaciones telefónicas, se pretende aclarar el momento exacto en el que se solicitó la intervención de medios de extinción jajenos al Cenad. "Podrían resultar indispensables para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades", señala esta parte en el escrito que ha dirigido a la juez.