El Ayuntamiento saca a la venta suelo por 22,4 millones cuando aún le deben otros 65,6

La deuda de las promotoras y cooperativas con el Ayuntamiento de Zaragoza no deja de crecer. Y si no empiezan a pagar, a final de año podría superar la cifra astronómica de 110 millones de euros y poner en serios aprietos el cierre del ejercicio económico municipal. El Consistorio ya tiene pendientes de cobro de 2008 y 2009 un total de 65,6 millones de euros. Y esta cifra puede engordar en los próximos meses si se completa la enajenación prevista para este año, con un valor total de 48 millones de euros.

De momento, en su última reunión de julio, la junta de gobierno local acordó poner en venta diversos solares de la capital por un importe de 22,4 millones millones y capacidad para 742 viviendas protegidas. La fecha límite para que las promotoras y cooperativas presenten sus ofertas concluye el próximo 16 de septiembre.

Se trata de ocho parcelas repartidas por distintos puntos de la ciudad. Tres de ellas están situadas en Arcosur, el gigantesco barrio situado entre Valdespartera y la Feria, y admiten la construcción de 496 viviendas. El precio de licitación de estos suelos es de 14,7 millones de euros.

Las otras cinco se reparten en cuatro barrios: dos solares en Monzalbarba (77 viviendas), otro en San Juan de Mozarrifar (48), uno más en la avenida de Cataluña (64) y el último en Santa Isabel (57). En total, terrenos para construir 246 pisos protegidos con los que el Ayuntamiento podría ingresar 7,7 millones de euros.

Estos 22,4 millones de euros representan el 46% de los ingresos presupuestados para 2010 por venta de suelo. La previsión es que después del verano se saquen a concurso solares para completar los cálculos que hizo Economía al principio del ejercicio. Pero el problema es cobrar.

Pendiente de cobro

Lo ocurrido en los últimos dos años no invita al optimismo, porque los suelos finalmente se venden, pero están tardando mucho en cobrarse. Todo obedece a una decisión que tomó el Ayuntamiento el año pasado ante la sucesión de concursos de suelo municipal que quedaban desiertos, ya que las promotoras y cooperativas se encontraban con serias dificultades para financiar sus operaciones por culpa de la crisis.

Para desbloquear la venta de las propiedades municipales, entre otras facilidades el Consistorio decidió dar a los adjudicatarios entre 12 y 15 meses para convertirse en propietarios y, por lo tanto, para abonar la parcela. En ese plazo, los promotores debían completar sus proyectos y cerrar su financiación. De momento, aún no ha pagado ninguno de los compradores que se acogieron a estas nuevas condiciones.

En concreto, según el informe del servicio de contabilidad correspondiente al mes de julio, el Ayuntamiento de Zaragoza aún tiene pendientes de cobrar 11,6 millones de euros del año 2008. No obstante, el grueso de la deuda corresponde al pasado ejercicio, cuando se pusieron en marcha las nuevas condiciones de venta de suelo.

Con muchas dificultades y casi 'in extremis', el Consistorio consiguió colocar suelos por valor de 53,9 millones de euros. Pero ninguna de las empresas y entidades que se hicieron con terrenos municipales ha pagado su deuda y lo previsible es que agoten los plazos hasta el final.

El Ayuntamiento siempre ha defendido esta solución no solo porque le permitía generar derechos con los que 'vestir' su maltrecha contabilidad. Además, el gobierno PSOE-PAR ha considerado que esta decisión era plausible porque se permitía a las empresas del sector inmobiliario mantener cierta actividad en plena crisis económica, lo que se traducía en puestos de trabajo.

Crisis en la tesorería

Pero, por contra, la mejora de las condiciones de pago para las promotoras y cooperativas se tradujo rápidamente en dificultades para la caja municipal y durante los primeros meses de 2009 hubo tensiones de tesorería por más de cien millones de euros. Esta circunstancia obligó a disparar la deuda a corto plazo para poder seguir haciendo frente a los pagos: a finales de 2009 se habían contraído deudas con un plazo de vencimiento menor de 12 meses por valor de 271 millones de euros. Hoy, después de un pico de 322,1 millones en abril, esa cantidad sigue siendo muy alta, aunque empieza a adoptar una senda descendente: 215,2 millones.

Durante los últimos meses se han multiplicado los contactos con las adjudicatarias de suelo para ver si pueden empezar a pagar para no ahondar en los problemas de liquidez de las arcas municipales. El temor ahora es que alguna de las empresas y cooperativas dé marcha atrás y parte de los 65,6 millones pendientes no se lleguen a cobrar nunca.