MEDIDAS DE AHORRO

Los distritos recelan del recorte municipal porque "el dinero está ya comprometido"

Participación Ciudadana insta a las juntas a reducir el 15% de algunas partidas ya aprobadas.

"¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Poner un 15% de baldosas menos?", se preguntaba ayer Carmen Gallego, presidenta de la junta de distrito de San José. La concejal de CHA se refiere, en concreto, a las obras de reparación de la plaza de Mornes, que tenían previsto acometer con una partida de Obras y Reparaciones que, "aunque ya había sido presupuestada y comprometida, ahora verá su cuantía recortada en un 15%". "No tiene sentido que se aplique la tijera a proyectos que ya estaban en marcha", denuncia Gallego, para quien este recorte -al que ha instado Participación Ciudadana mediante una circular- limita muchísimo el ya de por sí exiguo margen de maniobra de las juntas de distrito.


Estas se financian a través de media docena de partidas municipales (reparaciones de colegios, subvenciones a las ampas, a las comisiones de fiestas...) pero son dos las que constituyen su capacidad de gasto anual: Gastos de Funcionamiento, Obras y Equipamientos y Gastos Corrientes. Con el botón de muestra del barrio de San José, los 50.000 euros con los que se quería recuperar la plaza de Mornes y los 31.000 que se iban a dedicar a actividades culturales tendrán ahora que reducirse un 15%. "No son grandes inversiones, todo lo contrario, se trata de partidas pequeñas pero que sí que llegan al ciudadano y tienen mucha rentabilidad social", afirma Gallego, que pone de ejemplo los certámenes de teatro infantil o la programación para los mayores en las fiestas de Navidad y fin de año.


Para el grupo municipal popular, que gestiona cuatro juntas de distrito (Centro, Universidad, Casablanca y Oliver-Valdefierro), el recorte que Participación Ciudadana impone a las estructuras de los barrios es una prueba más de que el presupuesto estaba hinchado, descontextualizado y no se atenía a la actual coyuntura económica.


José Luis Calvo, presidente de la junta de Oliver-Valdefierro, lamenta que "como consecuencia de largos años de una mala gestión económica, al final son los distritos los que pagan los platos rotos". Además, Calvo considera que estos recortes tendrán consecuencias en los servicios y las actividades que prepara cada una de las juntas y que quienes los padecerán finalmente serán los propios vecinos.


Los populares se hacen cargo de que la actual situación económica exige un ejercicio de austeridad, pero confían en que se permita a cada junta elegir dónde hace los ajustes porque son ellos quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio. "Esperamos que no existan injerencias y que pueda ser cada distrito en su propio pleno el que decida cómo aplicar el recorte del 15%", afirmaba ayer Calvo.


Los males de ZP

Por su parte, José Manuel Alonso, portavoz municipal de IU y presidente de la junta del Casco Histórico, asegura que el problema de fondo está en la falta de consideración del Ejecutivo central y la nefasta decisión de Zapatero de prohibir endeudarse a los municipios. "Es un recorte que llega tarde y que se deriva del desprecio absoluto del Gobierno central a la administración local. Los ayuntamientos son la cabeza de turco del Estado y se les castiga sin considerar que los consistorios son las entidades más cercanas al ciudadano", comentaba.


Para Alonso, de estas pequeñas partidas dependen decenas de iniciativas locales (muy numerosas en el caso concreto de los inquietos colectivos del Casco Histórico), y aunque muchas partidas del PICH se queden libres del embargo, Alonso considera que "no hay trato de favor hacia ningún barrio" y que también se verán comprometidas algunas inversiones del Plan Integral.


Todo este revuelo es consecuencia del paquete de medidas de ahorro y control de gasto que el Gobierno municipal impulsó el último día de julio. El alcalde Belloch anunció que se ahorrarían 193 millones en los próximos tres años y avanzó el recorte en un 15% de las partidas presupuestarias todavía no consumidas, que habrá de concretarse a partir de septiembre. El grueso de este 'plan de choque' lo asumirá Servicios Públicos (las contratas de transportes y limpieza) y los únicos que se librarán de los reajustes serán los gastos de Acción Social.