Los propietarios de las seis viviendas del edificio de la plaza de España que la pasada semana era declarado en estado de ruina inminente por los servicios técnicos municipales de Calatayud, autorizaron ayer al Ayuntamiento, según señaló el concejal Federico Llorens, a que ejecute el derribo del inmueble de forma subsidiaria. Los trabajos tendrán un coste de 30.000 euros que los dueños de las casas deberán abonar al Consistorio.

Desde que se les comunicó que el inmueble debía tirarse en un plazo de 10 días, los afectados solicitaron presupuesto a dos empresas distintas, y según explicó uno de los afectados, eran hasta 10.000 euros más baratos. Sin embargo, cuando expusieron en el Consistorio su intención se les dijo que, de hacer el derribo por su cuenta, tenían que abonar la licencia de la obra y el proyecto.

Los vecinos denuncian "indefensión" porque además de perder sus casas, y en algunos casos tener que seguir pagando la hipoteca, más un alquiler, deben asumir el coste de la demolición de un edificio que hace unos meses estaba en condiciones de ser rehabilitado con ayudas públicas, al encontrarse en el Área de Rehabilitación Integral de Calatayud (ARI). De hecho, y después de que un técnico de la Oficina de Coordinación y Gestión Técnica del ARI inspeccionara el inmueble, se les comunicó que era viable la subvención para la rehabilitación.

Lo recuerda uno de los propietarios que hace cuatro años compró una vivienda en este edificio y antes de adquirirla se aseguró de su estado de conservación. Los propietarios afirman haber sufrido "presiones" del Consistorio desde que se declaró el edificio en ruina inminente para que hicieran cuanto antes el derribo. "Lo que querían es tirar la casa cuanto antes. Tenían prisa por el chupinazo", dijo la hija de una de las afectadas.

Asimismo, denuncian que el 23 de julio se autorizó el derribo del edificio de al lado sin que tuvieran que tomarse precauciones para evitar los daños que, argumentan, han provocado estos trabajos en sus viviendas. "Las casas están unidas por la cubierta, se apoyan una en la otra, y al tirar una la otra se abre", señaló esta familiar de una propietaria.

La demolición del edificio colindante se paralizó días después de haberse iniciado al detectarse las grietas en el que ahora hay que tirar. Los vecinos recuerdan que ya en octubre de 2009 solicitaron al Ayuntamiento que un arquitecto municipal visitase el edificio. Había filtraciones de las bodegas que hay debajo de la plaza a las del edificio. Y se habían visto algunas grietas que antes no existían. Nadie les hizo caso. El concejal de Urbanismo indicó que un técnico fue a ver el inmueble desde la calle por si había algún tipo de peligro hacia el exterior, si bien no vio nada.