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CORRUPCIÓN

El juez imputa también en la Operación Molinos al que era subdirector de Cajalón en La Muela

La Agencia Tributaria ha detectado posibles operaciones irregulares en el pago de numerosos cheques.

La última toma de declaraciones tuvo lugar el pasado 26 de julio, y uno de los citados fue Víctor Embarba (dcha.), hijo de la alcaldesa.
El juez imputa también en la Operación Molinos al que era subdirector de Cajalón en La Muela
T. CASTáN

La Operación Molinos sigue sumando imputados y acaba de alcanzar la cifra de 41. Si hace unos días declaraba ante el juez el ex director de la sucursal de Cajalón en La Muela Alberto Lozano, el próximo 10 de septiembre será un antiguo subdirector, Antonio Javier Peinado Serrano, quien visite los juzgados de La Almunia. Un prolijo informe de la Agencia Tributaria ha detectado posibles operaciones irregulares en el pago de cheques, y la Fiscalía quiere escuchar sus explicaciones. También tendrá que comparecer en sede judicial el que fuera gestor comercial de la oficina entre 2006 y 2007, aunque este lo hará en calidad de testigo. Han sido citados igualmente como testigos Juan José L. A. y Francisco L. L., dos de las personas que supuestamente cobraron los cheques.

Como ha ocurrido ya en varias ocasiones, han sido investigaciones relacionadas con Carmelo Aured, uno de los principales imputados en la trama de corrupción urbanística, las que han permitido poner nuevos nombres sobre la mesa. En este caso, los inspectores de la Agencia Tributaria seguían el rastro de una comisión supuestamente pagada por Ebrogán (cuyo administrador único es el empresario Arturo Beltrán) al ex alcalde de La Muela y primo de Maria Victoria Pinilla. Finalmente, han encontrado pruebas para denunciarle ante la Fiscalía por un delito contra la Hacienda Pública, ya que sospechan que recibió casi 1,4 millones por intermediar en una compraventa de terrenos.

La operación se cerró el 2 de agosto de 2004, cuando la Sociedad Urbanística de La Muela vendió 64.410 metros cuadrados del Sector 1 del PGOU (conocido como Urcamusa Norte) a Ebrogán. El precio que apareció en la escritura fue 2.874.250 euros, cantidad que Hacienda considera muy inferior al precio de mercado. Como contraprestación, la empresa de Beltrán tuvo que pagar los 'servicios' de Aured. Y como han terminado destapando los inspectores, se hizo mediante el pago de facturas falsas en los años 2004 y 2005.

El rastro de los cheques

La Agencia Tributaria ha constatado que el importe de las facturas giradas a Ebrogán se cobró mediante cheques o pagarés que se hicieron efectivos tanto en la sucursal de Cajalón en La Muela como en la oficina central de Zaragoza. Pero ha sido al interrogar a los supuestos proveedores -todos ellos vinculados con los negocios de Carmelo Aured- cuando han surgido dudas sobre quién cobró realmente esos cheques. Ellos han negado que lo hicieran, pese a que en el reverso de los talones aparece su DNI, nombre y firma. Al cotejar esas rúbricas con las originales, Hacienda ha comprobado que efectivamente no son "ni parecidas".

"Por todo ello, esta inspección entiende que las personas al cobro de los referidos cheques no son las que figuran identificadas en los mismos", dice la Agencia Tributaria en el informe remitido al juez de La Almunia. Como la normativa exige a las entidades financieras que identifiquen correctamente a las personas que cobran cheques por importe superior a 3.000 euros (como era el caso), y como hay sospechas sobre las comprobaciones que realmente hizo Cajalón, la Agencia Tributaria "considera probaba la connivencia" de la entidad en estas operaciones. "Al menos -precisa el inspector-, del apoderado de la sucursal de Cajalón el día que se hicieron efectivos los cobros de los cheques, el cajero que hizo efectivos esos cobros y cuantas otras personas ordenasen la realización de las operaciones de pago sin justificar adecuadamente a la persona al cobro".

"Esta actitud se agrava -continúa el informe de la Agencia Tributaria- si tenemos en cuenta que Cajalón no solo permite que un tercero cobre unos cheques sin identificar a la persona al cobro, sino que aporta a los órganos de control información falseada por la que se atribuye el cobro de cheques a personas distintas de las que realmente cobraron esos cheques".

Para aclarar todas estas operaciones, el juez ha dictado ya una providencia en la que se ordena a la entidad que aporte los cheques originales para que se pueda practicar una pericial caligráfica con las firmas.

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