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MINA DE BOROBIA

Los municipios afectados por la mina de Borobia advierten de que "no van a reblar"

Su portavoz califica el proyecto de "atentado ecológico y medioambiental" y subraya que no descartan acudir a Bruselas.

El ambiente se ha caldeado y el malestar es creciente en Aragón por el nuevo trámite que ha sorteado el proyecto para instalar una explotación minera en Borobia (Soria). No porque no se esperara que la Junta de Castilla y León fuera a emitir una declaración de impacto ambiental favorable a la propuesta de Magnesitas y Dolomías de Borobia, sino porque a juicio de los perjudicados se han obviado las alegaciones que plantearon y, lo que es más importante, las afecciones que puede causar en las comarcas del Aranda y la Comunidad de Calatayud.

El nuevo mazazo no ha noqueado a quienes se oponen a la controvertida iniciativa. Al contrario, van a redoblar esfuerzos en su lucha reivindicativa. "No vamos a reblar", advirtió ayer Manuel Morte, portavoz de la coordinadora de municipios contra la mina de Borobia. "Iremos adonde tengamos que ir, a Bruselas o adonde sea", manifestó. No obstante, indicó que han de ir paso a paso. Eso sí, hizo hincapié en que no hay que condenar el presente y el futuro de los pueblos (una treintena en Aragón) para el enriquecimiento de unos pocos.

El también alcalde de Moros se mostró sorprendido por la "incongruencia" del Ejecutivo castellano-leonés, ya que en una época en la que priman los discursos 'verdes' y comprometidos con la naturaleza, este parece apostar por "una mina a cielo abierto, que es lo menos sostenible que hay". Recordó que la explotación afectará a una zona de acuíferos en la que nacen ríos. De hecho, apuntó que la empresa admitió en su día que había interconexión entre cuencas, algo de lo que ahora se han olvidado (la Junta subraya que las afecciones se limitan a la del Manubles).

Morte calificó el proyecto de "atentado ecológico y medioambiental" con implicaciones de todo tipo, entre ellas las socioeconómicas. Según los estudios encargados por la coordinadora, los pueblos que se llevarían la peor parte son los de mayor peso agrario, que perderían población.

Preguntado por las acciones que tomará la coordinadora a corto plazo, el portavoz resaltó que los municipios que la integran se reunirán en los próximos días para analizar la situación y consensuar ideas. Morte admitió que los ánimos están calientes, si bien deben pensar "con la cabeza y no con el corazón". Asimismo, alabó que la DGA prepare una queja ante la UE y agradeció el apoyo de las instituciones de la Comunidad.

José Manuel Marraco, abogado de los municipios afectados, dijo que el derecho medioambiental debe primar sobre el beneficio industrial. Alertó de que la mina de Borobia reportaría dinero a una empresa a costa de la calidad de las aguas de las localidades. Criticó que no hayan considerado sus alegaciones y que se acojan a una normativa preconstitucional (la ley de minas). El proyecto supone "una vuelta atrás", enfatizó.

Queja de IU

El líder de IU, Adolfo Barrena, anunció que hoy presentará en Madrid una queja de la coalición de izquierdas en el registro del Ministerio de Medio Ambiente. Entiende que no se han atendido a las alegaciones del partido, se incumplen varias directivas europeas y que el Departamento ha pasado por alto que la mina de Borobia afecta a dos autonomías, por lo que el proyecto tendría que ser competencia estatal.

Por otro lado, Mariano Sanjuan, alcalde de Purujosa, pueblo limítrofe con Borobia, no pudo ocultar su profundo enfado por los últimos acontecimientos. Tampoco el primer edil de Jarque, Luis Manuel Saldaña, quien aseguró que se han sentido "desatendidos" por la CHE, que es "muy culpable". Desde el organismo de cuenca se remitieron a la declaración de impacto ambiental de la Junta e insistieron en que solo han emitido informes consultivos.

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