La constructora del tranvía rompe su relación con la subcontratista acusada de fraude

La UTE formada por Acciona y FCC, encargada de la construcción de la línea 1 del tranvía, ha roto esta semana su relación con una de sus principales subcontratistas, Construcciones Obras Públicas 2001, por los delitos que se le han imputado recientemente. La Policía detuvo en la llamada 'Operación Coco' a un total de 17 personas -once en mayo y seis hace una semana-. Se acusa a la empresa de delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsificación de documentos, estafa y asociación ilícita para delinquir. Ante la gravedad de estos presuntos hechos, la UTE ha decidido rescindir el contrato "por la desconfianza que ha generado el desarrollo de los acontecimientos".

Construcciones Obras Públicas 2001 tenía alrededor de 110 trabajadores en la obra del tranvía -uno de los grupos más numerosos- y se encargaba principalmente de la obra civil del tramo de Vía Ibérica y Valdespartera. Para sustituirlos, la constructora ha ampliado los servicios de otra de las empresas que trabaja en la obra, Construcciones Corellanas -curiosamente, afincada en la misma localidad que la compañía imputada-. Además, se ha decidido contratar una nueva empresa. Bromosa, de Ejea de los Caballeros, que aportará unos 40 trabajadores.

Esta semana los trabajadores de Construcciones Obras Públicas 2001 ya no acudieron al trabajo, a pesar de que el contrato seguía en pie. Sin embargo, y ante los acontecimientos surgidos, decidieron dar vacaciones a los empleados. En su ausencia, la UTE ha ampliado la plantilla de las otras dos empresas sustitutas en 70 efectivos, que han cubierto el trabajo de Construcciones y Obras Públicas 2001. Fuentes de la constructora señalaron ayer que no ha habido retrasos significativos en los trabajos por estas bajas.

Además, las mismas fuentes apuntaron que "lo más importante" son los trabajadores que se han quedado en el paro por la rescisión de este contrato. Por ello, destacaron que intentarán recolocar a la mayor parte de ellos en las dos empresas sustitutas. Algunos de estos empleados llevaban trabajando en Zaragoza desde que comenzaron los trabajos de construcción de la línea 1 del tranvía, hace más de nueve meses.

El pasado martes, los seis últimos detenidos en la 'Operación Coco' negaron ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza las acusaciones que les hace la Policía. Declararon junto a sus abogados que desconocían cualquier actividad ilegal que se producía en la obra. La magistrada optó por dejar a todos en libertad con cargos.

La empresa navarra despidió a todos sus empleados detenidos y se presentará en la causa judicial como acusación particular y como "víctima y perjudicada" por las presuntas irregularidades.