Un fallo informático en el Juzgado de Guardia quitó parte del lustre a una exitosa operación llevada a cabo por la Policía Nacional contra los responsables de Construcciones y Obras Públicas 2001, una empresa subcontratada en la ejecución de un tramo de las obras del tranvía, a quienes la Policía acusa de estafar a la Seguridad Social y a la UTE FCC-Acciona encargada de los trabajos, entre otras cosas.

Las seis personas que los agentes pusieron ayer a disposición judicial -imputadas por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsificación de documentos, estafa y asociación ilícita para delinquir- fueron puestas en libertad por la magistrada de guardia sin tomarles declaración. La juez tomó esta decisión ante la persistencia del fallo informático que impidió el trabajo normal de los funcionarios y decidió citar a estas personas para la semana que viene. Junto a ellas comparecerán, probablemente, las otras dos que la Policía ya había dejado en libertad con cargos el día anterior.

Según informaron ayer los máximos responsables policiales en Aragón, entre ellos el jefe superior de Policía, Rafael Arenas, el jefe provincial, Francisco Perea y el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Juan José Rubio, la operación, denominada 'Coco', es la segunda fase de la Operación Tranvía, desarrollada en mayo. Entonces fueron detenidos once ciudadanos brasileños por trabajar con documentación falsa. Estas investigaciones se iniciaron a raíz de la intervención de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que sorprendieron en la calle a dos brasileños con documentos falsos.

A partir de ahí, según explicó el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, Fernando Oliván, se decidió continuar para averiguar "si los empresarios y responsables de esa empresa tenían alguna responsabilidad".

Los agentes llegaron así hasta Juan Carlos V. R., principal responsable en Zaragoza de Construcciones y Obras Públicas 2001. Esta persona, según la Policía, había contratado a ciudadanos brasileños a sabiendas de su situación irregular. Luego les proporcionaba identidad portuguesa falsa, a través de otro encargado, de nombre Leandro A. G. y de nacionalidad brasileña. Una vez que este obtenía la documentación para los obreros, les daba de alta en la Seguridad Social a través del sistema RED, por medio de las secretarias de la empresa, que se están entre los ocho arrestados.

La Policía cree que tras las detenciones de mayo, Juan Carlos V. R. y Leandro A. G. "idearon un nuevo plan" para sustraer capital a la UTE. Así, usaban a los encargados del tramo de obra para que apuntaran más horas de las trabajadas e hicieran constar obreros ficticios a los que daban de alta en la Seguridad Social. Luego pasaban la factura a la UTE. Por esta tarea, los encargados cobraban entre 5.000 y 6.000 euros al mes. Esto les llevó a la detención de los jefes del tramo, Marco T. A., Jesús María P. G., así como la de José M. A., antiguo propietario de la empresa. Durante la operación se han registrado dos domicilios, uno en Cintruénigo (Navarra), y otro en Zaragoza. Aún se ignora a cuánto puede ascender el fraude y la operación sigue abierta.