Peligran dos centros que atienden a 270 familias con órdenes de alejamiento

La asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Apefa) vuelve a enfrentarse a la falta de ingresos y, por tanto, a la carencia de medios para atender a los cientos de casos y menores que dependen de ella. Estos últimos son hijos de parejas rotas a las que los jueces imponen un régimen de visitas con los niños en un sitio neutral (un punto de encuentro). Esto sucede cuando la relación entre los padres es inexistente o muy conflictiva debido a incumplimientos judiciales, denuncias, malos tratos o divorcios traumáticos.

Esta asociación mantiene dos centros: uno en Huesca (el único activo en esta ciudad altoaragonesa) y otro en Zaragoza. Pero Apefa asegura que si no recibe más fondos, en concreto por parte del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, tendrá que dejar de atender a las familias en conflicto que, en el 95% de las ocasiones, les derivan los Juzgados de Familia y los de Violencia sobre la mujer.

El problema es todavía más acuciante por el hecho de que cada vez se incrementa el número de casos que reciben. Desde el 1 de enero y hasta esta semana, ya han atendido a más de 120 familias nuevas (105 de ellas en Zaragoza). A lo largo del primer trimestre de 2010 han sido tratadas casi 500 familias y en 270 de ellas existían órdenes de alejamiento como medida de protección hacia las mujeres.

"Si Justicia no aporta dinero y el centro se ve obligado a cerrar, ¿qué pasará con estas mujeres? ¿Van a permitir que el padre vaya a recoger a los hijos a la casa o al portal de la mujer siendo que pesa sobre el progenitor una orden de alejamiento?", se pregunta la directora del centro en Zaragoza, María Ángeles Val.

Desde Justicia insisten, sin embargo, en que no tienen atribuidas las políticas sociales y concretan que estas dependen de Servicios Sociales. Aseguran que lo que les pide Apefa es que dupliquen competencias, algo "imposible" a juicio de este departamento. Además, aclaran que no hay prevista asignación presupuestaria para esta asociación en 2010, lo que "complica todavía más" la situación.

Financiación irregular

Los miembros de la asociación creen que estos argumentos denotan falta de implicación "y responsabilidad". "Realmente, Servicios Sociales es el único departamento que está respondiendo", aclara Val, a la que no le salen las cuentas.

Entre otras cosas, hay que pagar las nóminas de psicólogos y trabajadores sociales, los alquileres de los centros y, además, incorporar nuevas medidas, como biombos o espacios que preserven la seguridad de los niños y de los adultos durante las visitas

"En un servicio de estas características es incomprensible contar con profesionales 6 meses, formarlos y tener que despedirlos porque se nos acaba la ayuda del Inaem", dice Val.

Familia aporta cada año unos 330.000 euros para ambos centros, pero nadie iguala ni de lejos esta cantidad. De hecho, este departamento asume, en solitario, el 77,8% de la financiación. El Ayuntamiento de Huesca invierte unos 6.900 euros y, la DPH, 4.000. Así que el centro oscense funciona gracias a los programas del Inaem, que ahora, además, expiran.

"No puede ser que todos los años tengamos que mendigar para mantener un servicio público de máxima importancia. Queremos que las instituciones establezcan una cofinanciación regular, estable y adecuada a los centenares de casos que asumimos en el servicio", apunta el presidente de la asociación Apefa, Antonio Peñalver.