Zaragoza
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RESOLUCIÓN JUDICIAL

Rechazan el recurso de Los Pintanos contra un empadronamiento

El Tribunal Superior de Justicia da la razón a una vecina e impone las costas al Ayuntamiento.

Eva María Sola ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado su derecho a estar empadronada en Los Pintanos. Atrás queda un periplo judicial de más de dos años. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento del pueblo contra la sentencia dictada el 13 de mayo de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza que daba la razón a la vecina y, por lo tanto, instaba a que su nombre figurara en el registro del municipio.

El Alto Tribunal impone además las costas del recurso al Consistorio. No es la primera vez que la entidad local debe hacer frente a las gastos judiciales, ya que el juzgado zaragozano decretó el mismo 'castigo' por incumplir la ejecución del primer fallo y apreciar "temeridad y mala fe" en la actuación municipal.

Sola por fin posee el documento, pero ayer aseguró que lo tuvo que obtener a través del juzgado porque el Ayuntamiento sigue sin notificárselo. Su lucha particular se remonta a febrero de 2008, cuando formuló su solicitud al alcalde, Guillermo Garcés (PAR). La mujer indicó que el edil siempre ha hecho caso omiso de su petición. Sin embargo, a raíz de un requerimiento judicial, el Consistorio asegura que fue empadronada el pasado 10 de febrero.

Sola denunció la "opacidad" de Garcés por lo ocurrido a lo largo del proceso y por no decir el coste que este ha supuesto para las arcas públicas. Añadió que le parece "lamentable" que para que se le reconozca un derecho haya tenido que pasar por todo esto, con el coste económico que conlleva, y que encima ahora el alcalde empadrone a ciudadanos "sin ponerles ningún obstáculo".

En torno al empadronamiento hay otro proceso judicial que continúa abierto. Un juzgado admitió a trámite una denuncia de Sola después de que el regidor de Los Pintanos le impidiera intervenir en una asamblea vecinal a pesar de que entonces ya se había ordenado la ejecución de la sentencia. Garcés declaró como imputado por un supuesto delito de prevaricación.

Preguntado sobre el recurso que le han echado por tierra, el representante del PAR apuntó que sus abogados estudian si cabe presentar un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo.

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