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Zaragoza

JUICIO POR EL INCENDIO DE SAN GREGORIO

El jefe del Cenad dice que no estaba en San Gregorio el día del incendio

El coronel jefe del Centro Nacional de Adiestramiento declaró ayer ante la juez que investiga una posible imprudencia que originó el fuego.

Los militares imputados a causa del incendio declarado en el campo de maniobras de San Gregorio en agosto de 2009 han comenzado a prestar declaración ante la juez instructora del caso. El primero en hacerlo fue José Luis González Moriano, coronel jefe del Centro Nacional de Adiestramiento (Cenad) de San Gregorio. Lo hizo en calidad de máximo responsable de las actividades que se llevaban a cabo en las instalaciones militares cuando se desató el fuego.

Pero a pesar de ejercer este cargo, su declaración no arrojó mucha luz sobre lo ocurrido. Sobre todo, porque no estaba presente en el momento de producirse el incendio, que arrasó 7.000 hectáreas de monte. José Luis González reconoció que, en función de jefe del Cenad, dio las órdenes para los ejercicios militares, que incluían desactivación de explosivos, pero que fueron otros los que las ejecutaron. Entre ellos, el especialista en explosivos y el jefe de operaciones. Estos dos, junto con el responsable de extinción de incendios, prestarán declaración el 30 de junio.

La declaración del responsable del Cenad se prolongó durante una hora y media y estuvo asistido por el abogado del Estado, Jesús Solchaga. También estuvieron presentes el fiscal y los letrados que representan a dos particulares que resultaron perjudicados por el incendio. Uno es el propietario de una finca arrasada por el fuego y el otro, representado por Carmen Cifuentes, explotaba un coto de caza que ha sufrido daños cercanos al millón de euros.

Los ejercicios de desactivación de explosivos se organizaron en pleno mes de agosto, a mediodía, y con unas condiciones meteorológicas adversas (más de 30 grados y escasa humedad).

La investigación judicial del incendio de San Gregorio se inició en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ejea, que se inhibió después a favor del número 8 de Zaragoza. También incoó diligencias la fiscalía militar, pero el Tribunal castrense archivó el caso al entender que no había negligencia.

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