INVESTIGACIÓN
El Ayuntamiento estudiará si se persona en una investigación sobre presunto amaño de contratas
Un hermano de Enrique Coca denunció a la sociedad de su familia por presunto pacto de precios entre empresas para optar a seis contratos municipales.
El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, anunció ayer que los servicios jurídicos municipales estudiarán si el Ayuntamiento de la capital aragonesa debe personarse como posible perjudicado en caso de que se verifique la existencia de una trama empresarial que pactaba precios para ganar concursos y que investiga el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.
Según publicó ayer el Periódico de Aragón, la investigación surgió a principios de año tras la presentación de una querella contra los administradores de la empresa Enrique Coca S. A. y contra la sociedad misma como responsable civil que se adjudicó el mantenimiento de una de las zonas de alumbrado de Zaragoza, del Auditorio, la sala multiusos, el Palacio de Congresos y la basílica del Pilar.
Gimeno dijo que no tenía "ningún dato" sobre esta presunta trama. "Hemos pedido a los servicios jurídicos que recaben toda la información disponible del juzgado para personarnos, en su caso, como posibles perjudicados por si el Ayuntamiento no ha asignado la contratación a la empresa adecuada", manifestó.
En declaraciones a los medios de comunicación, precisó que "hay instrucciones muy claras" para que en cuanto se detecte que puede existir un indicio de posible perjuicio al Ayuntamiento, se personen de "forma inmediata".
Gimeno precisó que se trata de una empresa que tiene adjudicada una parte de la contrata del alumbrado, pero puntualizó que no es la única porque el mantenimiento del alumbrado está distribuido por zonas a distintas empresas.
La querella fue presentada a principios de año por Fernando Coca, hermano de Enrique Coca, por tres delitos distintos. El asunto recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 12, que la desestimó al entender que no había delito alguno. No obstante, la decisión judicial fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. La Sección Primera se pronunció hace un mes y medio y ordenó al juzgado continuar con la investigación, pero solo relativa a un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas y, en concreto, sobre seis contratos municipales.
La investigación sigue su curso para averiguar si ha existido algún hecho delictivo en la actividad de esta empresa de mantenimiento que trabaja desde hace tiempo con el Ayuntamiento de Zaragoza.
