TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El juez rechaza sobreseer el caso contra Becerril y continúa investigando

La fiscal ha pedido los informes de las obras que aparecen en las conversaciones grabadas entre el ex concejal y varios constructores.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza comunicó ayer en un auto su decisión de no sobreseer el caso abierto contra el ex teniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital aragonesa, Antonio Becerril, al que investiga por un presunto delito de revelación de secretos y otro de tráfico de influencias.


El magistrado instruye una pieza separada de la Operación Molinos, y en ella trata de averiguar si el edil socialista dio un trato de favor a varios constructores relacionados con Carmelo Aured, ex alcalde de La Muela, primo de María Victoria Pinilla y uno de los principales imputados en la presunta trama de corrupción urbanística de esta localidad.


El pasado mes de marzo, el abogado de Becerril, Álvaro Bajén, solicitó el archivo del caso al entender que su cliente ni ha cometido un delito de revelación de secretos ni tampoco de tráfico de influencias y no ha causado ningún daño concreto a la Administración. De hecho, recordó que el Ayuntamiento se retiró de la causa al entender que no había salido perjudicado con la actividad de Becerril.


Sin embargo, el juez le responde ahora que no procede el sobreseimiento. El motivo que argumenta es que la fiscal del caso ha solicitado los informes de cada una de las obras que se mencionan en las conversaciones que la Policía grabó entre Becerril, los constructores y Carmelo Aured.


El abogado ya aportó a la causa tanto la auditoría interna que hizo tanto el Ayuntamiento de la capital como la Sociedad Zaragoza Vivienda para comprobar si existía alguna irregularidad en la adjudicación de los contratos que se mencionaban en las conversaciones. Aunque se detectaron incidencias en 21 de los 91 contratos menores firmados desde el año 1997, se concluyó que "en términos generales" las adjudicaciones se "ajustaban" a la norma.


No obstante, la fiscal ha pedido los informes que se incorporaron a la diligencias que se instruyen en La Almunia y examinar obra por obra para comprobar que así es y que no se causó perjuicio.