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JUSTICIA

La Audiencia ordena reabrir la investigación del incendio del campo de tiro de San Gregorio

La juez tendrá que interrogar a expertos del Seprona que dijeron que se usaron explosivos en condiciones adversas y a cuatro militares.

La Audiencia ordena reabrir la investigación del incendio del campo de tiro de San Gregorio
La Audiencia ordena reabrir la investigación del incendio del campo de tiro de San Gregorio
OLIVER DUCH

La Audiencia de Zaragoza acaba de ordenar que se reabra la investigación del incendio que el pasado verano arrasó más de 7.000 hectáreas del campo de tiro de San Gregorio, el más importante de cuantos se han registrado en Aragón en los últimos 14 años. Y lo ha hecho apoyándose en los dos informes emitidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en los que, como ya informó este periódico, se apuntaba como posible origen del fuego el uso de explosivos en condiciones meteorológicas adversas -más de 30 grados y escasa humedad-, algo que en su día negó el Ministerio de Defensa.

La investigación del incendio recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros, ya que las llamas sobrepasaron los límites del recinto militar y se extendieron por varios términos municipales, entre ellos el de Tauste, perteneciente a su partido judicial. Sin embargo, este juzgado se inhibió y el asunto pasó a instruirse en Zaragoza desde octubre de 2009. Pese a la contundencia de los informes del Seprona, que apreciaban posibles negligencias, y sin practicar ninguna otra diligencia añadida, el juez instructor de la capital aragonesa acordó el archivo del caso el pasado mes de enero.

Sin embargo, un grupo de perjudicados recurrió el fallo ante la Audiencia de Zaragoza, y esta ha resuelto que es necesario seguir investigando tanto el origen del incendio como la forma en que se atajó. De momento, ya ha dado instrucciones para que se tome declaración a los dos expertos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que redactaron los informes. También tendrán que pasar por sede judicial cuatro mandos del Ejército de Tierra, a los que se interrogará sobre las maniobras que se llevaban a cabo el 18 de agosto de 2009, cuando se declaró el fuego.

Los perjudicados habían propuesto muchas más pruebas y testigos, pero, de momento, se va a empezar citando a estas seis personas. En cualquier caso, la Audiencia Provincial deja la puerta abierta a que, en función del resultado de estos primeros interrogatorios, se ordene la práctica de otras diligencias. En su día, se propuso que el Centro de Emergencias del 112 emitiera un informe con las llamadas gestionadas desde el inicio del fuego, hasta su completa extinción, varios días más tarde. También se propuso que la Unidad Militar de Emergencias (UME) informara de su actuación durante el incendio, con el fin de aclarar si se aplicó de forma correcta el protocolo de actuación acordado entre Defensa y la DGA. En cualquier caso, será el juez instructor quien decida más adelante si procede o no la práctica de estas y otras pruebas.

Los informes del Seprona

Uno de los informes del Seprona en los que se ha apoyado la Audiencia para reabrir el caso sostiene, en contra de lo que aseguró en su día el Ministerio de Defensa, que la "causa probable" del gran incendio registrado el verano pasado en San Gregorio fue "la voladura controlada de material inerte procedente de ejercicios de tiro".

El documento corrobora así una de las dos opciones apuntadas por otro informe anterior, que concluía que el origen del incendio fue la explosión "controlada o incontrolada" de algún resto de maniobras presente en la zona donde comenzaron las llamas. Ese primer atestado recogía la posibilidad de que el fuego se iniciara por una detonación "fortuita", pero también decía que pudo deberse a una desactivación distinta de las que los responsables del campo reconocieron que se estaban haciendo ese mismo día (en época de máximo riesgo de incendios).

La actuación de los mandos militares fue muy criticada por los vecinos de los municipios afectados -Zaragoza, Torres de Berrellén, Remolinos, Pradilla y Tauste- y por el propio Gobierno de Aragón, que les responsabilizaron de la tardanza en autorizar la entrada en el campo de maniobras de los medios de extinción de la DGA.

Además, nueve meses después del desastre, el Ministerio de Defensa todavía no ha dado ninguna explicación oficial sobre las causas del incendio.

La reapertura del caso permitirá esclarecer sí realmente existieron responsabilidades penales, o si la reclamación de daños se debe limitar a la vía civil.

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