La magistrada presidenta del tribunal del jurado que enjuiciará a Francisco L., acusado del asesinato de Francisco Lozano Gaceo, ha dado un vuelco al caso al anular la confesión que el imputado hizo ante la Policía. En su auto, explica que se vulneraron sus derechos de defensa, puesto que se autoinculpó sin que le asistiera letrado alguno. En el mismo escrito también anula parte del informe pericial elaborado por la psicóloga adscrita al Instituto de Medicina Legal, Cristina Andreu, que asistió a la declaración y que fue obtenido sin garantías.

Así lo alegó su letrado, José Luis Melguizo, y así lo ha estimado la magistrada Sara Arriero en su resolución judicial. Esta decisión deja cojo un caso que tardó casi dos años en resolverse policialmente, dada la complejidad y la falta de pruebas objetivas que apuntaran a algún sospechoso concreto.

Francisco Lozano, albañil de 54 años, fue encontrado muerto a cuchilladas el 24 de enero de 2007 en el baño de su casa de la calle de Moncasi. El asesinato fue especialmente brutal, dado el ensañamiento que el agresor empleó con la víctima, a la que asestó 59 puñaladas. La casa estaba completamente revuelta, pero la puerta no había sido forzada y el arma del crimen no fue hallada.

La Policía centró sus investigaciones en el entorno social del fallecido, quien vivía solo desde que había muerto Jesús, su pareja, con la que convivió durante años. El trabajo se presentó complicado para el Grupo de Homicidios ya que la víctima tenía una amplia agenda de conocidos. Casi dos años después, la Policía detuvo como presunto autor a Francisco L., quien conoció a la víctima a través de un anuncio de contactos emitido por un canal de televisión. El arrestado explicó que quedó con él porque quería vivir una "experiencia distinta".

Los agentes lo investigaron y lo citaron a declarar voluntariamente y sin abogado el 1 de noviembre de 2007. Para su sorpresa, al preguntarle si había matado a Francisco Lozano, dijo que "no lo recordaba". A partir de ese momento, se centraron en él y lo volvieron a citar, de nuevo sin letrado, en febrero de 2008. Entonces afirmó que lo había matado con un cuchillo, pero luego se negó a firmar la declaración porque se retractó.

Para la magistrada, en el momento en que Francisco L. A. hizo la declaración de signo autoinculpatorio, debieron suspenderla, detener al inculpado y designarle un abogado. Al no hacerlo se conculcó su derecho a la defensa. Algo parecido ocurrió con parte del informe psicológico, por lo que la juez declara nulos ambos y ordena que se elimine cualquier referencia a su contenido y que ninguno de los dos llegue al tribunal del jurado que juzgará al acusado. Francisco L. tiene diagnosticada una "oligofrenia adquirida en grado de imbecilidad" a raíz de un accidente que sufrió hace años, que le dejó en coma.

Su abogado, José Luis Melguizo, está convencido de que su cliente no es el autor del homicidio porque no hay ninguna prueba que lo involucre y que hay otros sospechosos que podían tener un móvil para asesinarle.