El Ayuntamiento urge a la DGA para que el consorcio del estadio esté formado en dos meses

El Ayuntamiento de Zaragoza reclamó ayer a la DGA que se aceleren todos los trámites administrativos para que en el plazo de dos meses esté listo el consorcio o sociedad que se debe encargar de impulsar el nuevo campo de fútbol de San José. Tras la sentencia que confirma la anulación del proyecto de reforma del estadio de la Romareda, el concejal de Deportes, el aragonesista Manuel Blasco, declaró que "el único miedo" que tiene es que la tramitación burocrática retrase el inicio de las obras.

El responsable municipal explicó que el consorcio debe estar aprobado al mismo tiempo que se entrega el estudio de viabilidad del nuevo campo, que se encargará de sondear la situación del mercado de cara a atraer socios privados.

Según sus plazos, la consultora Augeo Sports entregará el próximo mes de julio el informe sobre las fórmulas de financiación del complejo deportivo. Ya entonces debería estar constituido el órgano jurídico para desarrollar el proyecto, que estaría integrado por la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque en el futuro se podría dar paso a la iniciativa privada.

"En septiembre u octubre deberíamos tener listo un pliego de condiciones y en noviembre o diciembre tener adjudicadas las obras", afirmó. De este modo, la primera piedra del campo de fútbol se podría colocar a principios de 2011, antes de las elecciones municipales de mayo.

"El riesgo, el único que queda, es que se retrasen los trámites. Los plazos están muy ajustados", dijo Blasco. "Ahora hay que demostrar la voluntad política de que este proyecto se quiere hacer. Por parte del Ayuntamiento no hay ningún problema", subrayó el edil aragonesista. Blasco se mostró confiado en que la iniciativa privada se sumará, "pero si no hay consorcio será difícil".

Las dudas del vicealcalde

Muy cauto se mostró el vicealcalde, Fernando Gimeno. "No puedo garantizar que el campo de fútbol salga adelante hasta que no se convoque el concurso. Si hay iniciativa privada, sale. Si no entra, puede haber más dificultad", explicó. Dejó caer que la clave es si la DGA quiere hacer aportaciones económicas de sus presupuestos.

Según se acordó con la DGA, el futuro campo se financiará, siempre que el estudio de viabilidad no diga lo contrario, mediante una concesión de obra pública por el que la adjudicataria asumiría la construcción y mantenimiento a cambio de un canon que pagarían las administraciones.