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El Ayuntamiento de Zaragoza lleva cuatro años sin cubrir el puesto de interventor general

El Ayuntamiento de Zaragoza lleva cuatro años sin contar con un funcionario con habilitación estatal que se encargue de la fiscalización económica, tal y como exige la ley. Ante esta situación, el Departamento de Política Territorial de la DGA ya ha requerido al Consistorio para que nombre a un interventor general. Además, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Zaragoza solicitó en julio al alcalde, Juan Alberto Belloch, que cubriera el puesto. Ante el silencio municipal, no descarta acudir a los tribunales.

El responsable de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Francisco Catalá, afirmó que cubrirá el puesto "antes de que termine la legislatura" en 2011 y achacó el retraso en el nombramiento a la Expo, ante los problemas que a su juicio supondría un cambio de interventor en pleno proceso de gestión de la muestra. Aseguró que en cuanto se liquide la última cuenta, algo que se producirá próximamente, se reiniciará el proceso de selección para elegir un candidato. Admitió el retraso, aunque aclaró que no pensó que fuera "tan imprescindible".

Desde que en octubre de 2005 se jubilara el último interventor con plaza, el alcalde ha recurrido a "accidentales", sin la habilitación estatal obligatoria. Zaragoza puede elegir interventor por el sistema de libre designación, pero siempre entre quienes cumplan los requisitos, entre los cuales figura la citada habilitación, que requiere una oposición.

La directora general de Administración Local, Lourdes Rubio, explicó que "no solo es importante que el puesto lo desempeñen funcionarios con habilitación estatal, sino que es obligatorio". Añadió que su departamento se dirigió en julio al Consistorio para recordarle que debía cubrir el puesto, ya que se habían superado ampliamente los plazos.

En julio de 2007 se publicó la convocatoria de la plaza, pese a que la obligación legal del Ayuntamiento era hacerlo en un plazo máximo de tres meses después de que quedara vacante, según explica el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. Su publicación en el BOE se retrasó hasta el 1 de octubre de ese año. Según el periodo legal, hasta el 19 de octubre había plazo para recibir las solicitudes de los aspirantes. Catalá explicó que llegaron unas diez propuestas. Después, el Ayuntamiento tenía un mes para elegir al candidato con más méritos. Pero el puesto sigue ocupado de forma "accidental".

Ante esta situación, el colegio profesional cree que el hecho de que "más de 20 meses después" de que los candidatos presentaran sus solicitudes no se haya resuelto el nombramiento genera "una situación de inseguridad respecto a los necesarios y preceptivos controles internos o externos de la actuación municipal".

El colegio, representado por el letrado Clemente Sánchez-Garnica, recuerda que se produce un "claro incumplimiento" de la normativa y califica de "irresponsable" al Ayuntamiento. La presidenta de la entidad, Nieves Garcés, explicó que, después de que el Ayuntamiento haya hecho caso omiso a su reclamación, "la siguiente instancia es interponer un contencioso", aunque adelantó que aún no se ha tomado una decisión en este sentido porque la organización está en periodo electoral. Al margen de la decisión que tome la entidad, Garcés dijo que el caso de Zaragoza es "sangrante" y que el Consistorio "está haciendo dejación de funciones y de responsabilidad", aunque confió en que el interventor accidental del Ayuntamiento "esté haciendo las cosas bien".

"Creo que la consecuencia de la ausencia de un funcionario de carrera habilitado favorece en ocasiones actuaciones anómalas en las administraciones y no llevar el control interno del Ayuntamiento de manera eficaz". A su juicio, "si falla el personal habilitado por la ley para el control interno de la administración, falla el primer control". Declaró que estos retrasos por parte de las administraciones para cubrir los puestos de control de legalidad y fiscalización económica son "habituales" en los municipios. "Puede haber una situación temporal en la cual hay que nombrar a un interino o a un accidental. Pero son situaciones que se alargan por conveniencias o por amiguismos", declaró.

Catalá aseguró que el hecho de que el interventor accidental no tenga habilitación no supone una merma en el control interno de las cuentas. "Ha habido una fiscalización fuerte. Todos los procedimientos legalmente establecidos se hacen con personal competente y titulación suficiente", dijo.

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